Por 80 votos a 2, la plenaria del Senado aprobó este lunes en sexto debate la ponencia de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) que tiene como objetivo incrementar las transferencias de recursos a las regiones.
El principal ajuste es que el porcentaje del Presupuesto General de la Nación que se transferirá a las regiones ya no será 46,5 %, sino que quedará en 39,5 %.
Hoy en día, estas transferencias que llegan a los departamentos, distritos y municipios son del 25,7 %, tomando como base el presupuesto presentado por el Gobierno para el 2025.
De acuerdo con el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, un aumento en las transferencias del SGP significaría $60 billones adicionales por año, un monto superior al presupuesto de inversión para 2025, que es de $44 billones. “Esto implica que, incluso eliminando por completo la inversión del Gobierno nacional, no sería posible financiar un aumento de esta magnitud”.
En ese sentido, agregó que desde una perspectiva fiscal, este incremento en las transferencias provocaría un deterioro progresivo del balance fiscal, llevando el déficit al 6,4 % del PIB en 2036, comparado con el 3,1 % del PIB en el escenario base.
“Como resultado, la deuda del gobierno superaría el límite del 71 % del PIB impuesto por la regla fiscal, lo que desencadenaría una crisis fiscal. Esta situación aumentaría el costo del endeudamiento, afectaría el crecimiento económico y generaría alzas en el desempleo y la pobreza”, detalló Mejía.
José Manuel Restrepo, ex ministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, sostuvo que todos los colombianos quieren y creen que se debe tener más descentralización, por ende hay conciencia de la necesidad de más recursos para los entes territoriales y en especial en salud, educación y saneamiento básico. Sin embargo, advierte que el Senado debe llevar a cabo una discusión ordenada y responsable.
“El nuevo porcentaje de asignación de recursos a esos entes es territoriales no puede aparecer de la nada y mucho menos negociarse a la baja como si fuera regateando precios. El primer paso es saber qué competencias se asignan a los entes territoriales y qué entidades se van a eliminar del gobierno central. ¿Vamos a acabar por ejemplo con el DPS o el fondo de infraestructura educativa u otros? Una vez definido eso, sabremos cuál es el porcentaje acertado de los ingresos para dirigir a los entes territoriales más recursos. Eso es ser responsable con las finanzas públicas”, detalló José Manuel Restrepo.
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Por su parte, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana cree que el porcentaje de la transferencia debe subir de manera gradual hasta llegar a un piso de 30,5 % de los ingresos corrientes de la Nación, tal cual como lo recomendó la misión de descentralización conformada por el mismo gobierno.
“Este monto es el único que viene de un estudio serio y estructurado a la fecha”, dijo el Observatorio Fiscal.
Añaden que la modificación es imposible sin una reingeniería del Estado que transfiera funciones del gobierno central a los gobiernos locales.
“En consecuencia, se debe condicionar la vigencia del acto legislativo a una ley previa que transfiere competencias y funciones a los gobiernos locales, actualice las reglas fiscales subnacionales, adelante una reforma tributaria territorial que incremente capacidades para generar recursos propios y fortalezca la transparencia, el acceso a información y la participación ciudadana en los gobiernos territoriales”, sostuvo el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
