En relación con el reciente fallo de tutela que ordena la suspensión del proyecto de explotación en el Bloque Tayrona, específicamente en el pozo Uchuva 2, diferentes gremios económicos manifestaron su profunda preocupación por las graves consecuencias que esta decisión podría tener para la autosuficiencia gasífera del país.
Desde Acipet, hacen un llamado a las autoridades y a la opinión pública para que se tenga en cuenta que este proyecto ha cumplido con todas las normativas, certificaciones y licencias correspondientes, las cuales se obtuvieron en el marco de la ley respetando los derechos de las comunidades, el medio ambiente y priorizando el bien común.
“En este contexto, consideramos indispensable permitir la continuidad de la exploración en el Bloque Tayrona”, detalló Acipet.
Ellos resaltaron que el proceso de licenciamiento para el proyecto exploratorio Uchuva, así como todos los adelantados por el operador del bloque Tayrona durante los últimos 18 años, han sido desarrollados bajo el marco normativo vigente. “Toda la documentación que respalda el proyecto evidencia el respeto absoluto por los derechos fundamentales de las comunidades. Por lo tanto, consideramos que no resulta procedente consulta previa adicional”.
Añaden que distintos documentos emitidos por organismos como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Ministerio del Interior, las Capitanías de Puerto de Santa Marta y Riohacha, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) y la Dirección General Marítima, certifican que no hay afectación a la comunidad tutelante, ni la existencia de condiciones que justifiquen la tutela.
“El proyecto Uchuva es crucial para garantizar el suministro de gas natural en Colombia, particularmente a partir de 2028 cuando el país afrontará un déficit en sus reservas. Proyectos como AED- Tayrona permitirán aumentar la capacidad gasífera nacional, contribuyendo a la autosuficiencia energética. Retrasar o suspender su desarrollo generaría mayor dependencia de las importaciones de gas, con el consecuente aumento en los precios que impactaría especialmente a las poblaciones más vulnerables y a la industria nacional y compromete la soberanía energética del país”, resaltó Acipet.
Agregan en ese sentido, que la sentencia que ordena la suspensión “inmediata” de todas las actividades del proyecto en el pozo Uchuva 2, desconoce los procedimientos técnicos y operacionales necesarios para realizar un cierre seguro. Interrumpir de manera abrupta estos procesos conlleva riesgos operacionales que pueden afectar tanto a la infraestructura como a las personas, que laboran en el proyecto y al medio ambiente, contradiciendo los mismos principios que la tutela pretende proteger.
“La paralización del proyecto no solo compromete la seguridad energética del país, sino que también generará un impacto negativo en la economía y en los millones de usuarios de gas natural en Colombia. El gas natural es un servicio esencial que llega a más de 11 millones de hogares, principalmente en los estratos 1, 2 y 3, y es vital para el funcionamiento de las principales industrias productivas”, manifestó el gremio.
Por otra parte, la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP), señaló que este proyecto es fundamental para la entrada de nuevo gas costa afuera y la reposición de reservas indispensables para el futuro, que Colombia requiere urgentemente para asegurar su abastecimiento y seguridad energética.
Recordaron que este hecho se suma a la incertidumbre sin precedentes sobre el proceso de licenciamiento ambiental del pozo Komodo-X1, de Anadarko y Ecopetrol en el Bloque COL-1, donde se esperaba iniciar la perforación a finales de 2024 y ampliar el potencial de hidrocarburos en el caribe.
“Estas decisiones afectan significativamente el descubrimiento y desarrollo de nuevas reservas para el país a mediano y a largo plazo y prende las alarmas sobre los procesos en el acercamiento que tienen las entidades gubernamentales con las comunidades del país”, dijo la ACGGP.
Añaden que es urgente que el Ministerio del Interior realice una revisión exhaustiva de los procesos que lleva a cabo antes de iniciar la consulta previa y durante el mismo, garantizando no solo la transparencia, sino también una mayor rigurosidad en la inclusión efectiva de las comunidades involucradas. “Este mecanismo debe asegurar que las comunidades tengan una participación real y significativa en las decisiones que impactan sus territorios y sus derechos”.
“El Gobierno Nacional debe agilizar las medidas para incentivar los procesos exploratorios en el país, como bien lo han anunciado no se firmarán nuevos contratos pero es urgente que se asegure la viabilidad de los contratos vigentes. Ya han pasado dos años de Gobierno y aún hay actividades pendientes por ejecutarse en varios bloques con contratos activos”, dijo la ACGGP.
Y es que justamente el fallo es la respuesta a una demanda de una comunidad indígena conformada en 2022 en el área de influencia de Santa Marta y que demandó las actividades exploratorias de hidrocarburos en el pozo costa afuera, dado que, según la comunidad, no se les tuvo en cuenta por lo que no se hizo una consulta previa y estas actividades les afectan.
