El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo por el monto de USD800 millones para apoyar las reformas de política orietadas a impulsar un crecimiento sostenible y resiliente en Colombia.
Del monto total, USD100 millones provienen del Fondo Coreano para Infraestructura (KIF por sus siglas en inglés) y otros USD100 millones se enmarcan en el mecanismo de transferencia de riesgo acordado entre el BID y el Gobierno de Suecia a través de su Agencia de Desarrollo Internacional (ASDI).
Adicionalmente, este crédito cuenta con la financiación paralela de la Agencia Francesa de Desarrollo por USD228 millones y del Banco de Desarrollo Alemán (KfW) por USD170 millones también el Gobierno del Reino Unido a través de su programa UK-SIP financia recursos de cooperación técnica para el desarrollo de políticas públicas del programa.
El crédito del BID de USD700 millones tiene un plazo de amortización de 20 años, mientras que el crédito de KIF de USD100 millones tiene un plazo de amortización de 25 años. Ambos con un período de gracia de siete años.
El programa apoyará varias actividades de recuperación en un contexto de emergencia sanitaria por la covid-19, entre las que se incluye el fortalecimiento de la capacidad del Gobierno de Colombia para la planificación, gestión y financiamiento de la acción climática.
El programa también facilitará la publicación de la actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CND) del país, la publicación para consulta pública de una estrategia de descarbonización de largo plazo para 2050 y la publicación del Marco de Referencia de Bonos Verdes Soberanos.
También impulsará oportunidades económicas basadas en el uso sostenible del capital natural y el desarrollo de modelos de economía circular, enfocándose en la gestión y aprovechamiento forestal sostenible, la agricultura climáticamente inteligente y los negocios verdes.
Además, el programa prevé impulsar la transición energética del país mediante el fomento de alternativas energéticas en transporte con la aprobación de la Ley de Transformación Energética, la publicación del proyecto de resolución para consulta pública sobre las tecnologías vehiculares de bajas y cero emisiones, así como la expedición y publicación de la resolución para incentivar el establecimiento y uso de estaciones mixtas con puntos de recarga, y del decreto sobre parqueaderos preferenciales para vehículos eléctricos.
Se beneficiará del programa la población del país en general, a través de la reducción de emisiones netas de Gases de Efecto Invernadero (GEI), la reducción de la contaminación del aire causada por vehículos de combustión interna y el desarrollo de una matriz energética diversificada, más limpia y resiliente.
También se beneficiarán los cerca de dos millones de productores agropecuarios (alrededor del 30% son mujeres), a partir de la transferencia de conocimiento para mejoras en productividad con la incorporación de criterios de agricultura climáticamente inteligente y buenas prácticas para la resiliencia al cambio climático.
Esta operación se encuentra alineada con la Visión 2025 – Reinvertir en las Américas: Una Década de Oportunidades, creada por el BID para lograr la recuperación y el crecimiento inclusivo de América Latina y el Caribe, en las áreas de economía digital, género e inclusión y cambio climático.
