La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), requirió a 86 funerarias a nivel nacional, para verificar las condiciones e información que se ha suministrado a los consumidores acerca de las modificaciones y restricciones en los costos en la prestación de los servicios funerarios, así como de los canales de atención.
Estas actuaciones se adelantan luego de conocer denuncias presentadas sobre presuntas irregularidades en los servicios prestados por empresas de servicios funerarios, relacionadas con demoras en la prestación del servicio, deficiente manejo de la información brindada a familiares de personas fallecidas y cobro adicionales, aprovechando la emergencia sanitaria a causa de la COVID-19.
La entidad requirió a los prestadores de servicios funerarios información sobre los procedimientos de bioseguridad implementados, en los casos relacionados con este peligroso virus. De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, los prestadores de servicios funerarios deben cumplir con las recomendaciones frente al manejo seguro, transporte y disposición de cadáveres infectados por el virus, con el fin de disminuir el riesgo de contaminación.
La SIC 'verificará si, aduciendo las medidas de bioseguridad implementadas, se han realizado cobros adicionales a los inicialmente pactados antes en el marco del Estado de Emergencia', informó en un comunicado.
En caso de encontrar alguna conducta que viole los derechos de los consumidores, como información engañosa o insuficiente, cláusulas abusivas, falta de calidad, idoneidad, seguridad u otra infracción, se podrán imponer multas hasta por 2.000 SMMLV.
Así mismo, podrán imponerse multas hasta por 1.000 SMMLV en caso de no responderse en término y de manera completa el requerimiento realizado por el organismo regulador.
