Las empresas comercializadoras y exportadoras tienen obligaciones legales frente al manejo de los residuos electrónicos y no hacerlo bien, podría costarles hasta 5.000 salarios mínimos.
Según la ley 1672 de 2013, el diseño y la implementación de las estrategias dirigidas a los consumidores de sus productos, para lograr la eficiencia en la devolución y recolección de residuos electrónicos, además de las campañas informativas, deben ser asumidos por las empresas.
Para Edgar Erazo, director ejecutivo de EcoCómputo, las empresas 'están obligadas a gestionar su reciclaje y a brindarle al consumidor los espacios para la recolección de los aparatos que ya no usen'.
De igual forma, la Superintendencia de Industria y Comercio puede también sancionar legalmente en virtud de sus competencias para la defensa del consumidor en caso de que éste no encuentre información y espacios adecuados de recolección en los lugares dónde adquiere estos aparatos.
'La ley exige también a las empresas que utilizan en sus instalaciones ya sea por compra o por leasing los RAEE disponer adecuadamente de estos residuos', explica Erazo.
Y es que desde la casa, las personas naturales pueden exigir a los comerciantes facilidades para devolver un aparato que ya no esté en uso. Es una ley que no tiene frontera, por lo cual el Gobierno mismo es el encargado de vigilar su cumplimiento y sancionar a quienes no estén ayudando al planeta.
