La inconformidad de varios trabajadores de la construcción de la planta de regasificación de Gas Natural Licuado que desarrollan la Sociedad Portuaria El Cayao y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en la isla de Barú, en Cartagena, ha llevado a que se declaren en cese de actividades y se registren enfrentamientos con la fuerza pública, en los que han tomado parte habitantes de las zona de influencia del proyecto.
La situación se ha generado porque los trabajadores de empresas subcontratistas, que cuentan con el respaldo de la Unión Sindical Obrera (USO), reclaman mejores condiciones laborales, por lo que han presentado una serie de peticiones, sobre las cuales estaban en conversaciones con la empresa Sacyr Industrial, encargada de la ejecución del proyecto.
Voceros de la junta directiva de la USO han señalado que 'este proyecto a pasado por una cantidad de inconformidades de los trabajadores comunidades afro de la zona por cuanto los procesos de consultas previas no fueron realizadas con la totalidad de las comunidades de incidencia del proyecto, como además el daño medio ambiental que se está generando en la bahía sumado a que los pescadores y nativos se les acabo su sustento diario'.
La planta que implica una inversión superior a los 140 millones de dólares, está avanzada en un 93% y de acuerdo con el cronograma en cinco semanas estaría lista.
Sobre esta situación la empresa Sacyr afirmó que 'contrario a lo publicado por la USO, el proceso de consulta previa sí se surtió en las seis comunidades de área de influencia del proyecto, en los términos establecidos por el Ministerio del Interior de Colombia' y que se desarrolla bajo la auditoría de autoridades competentes.
En cuanto a los enfrentamientos indica que si bien respetan las manifestaciones pacíficas, rechaza las vías de hecho y los bloqueos que afectan la movilidad de las vías públicas. La compañía afirma que en la mañana del pasado miércoles varios manifestantantes ingresaron por la fuerza al proyecto e intimidaron al personal que laboraba por lo que tuvieron que ser evacuados por Guardacostas, mientras la fuerza pública controlaba la asonada.
En un comunicado Sacyr señala que desde el inicio del proyecto en julio de 2015, se han contratado 516 personas de las comunidades del área de influencia directa del proyecto, duplicando el pico estimado de 223 personas, de este grupo 56 pertenecen a Ararca; 3 a Barú; 35 a Bocachica; 19 a Caño de Oro, 324 de Pasacaballos y 79 a Santana.
'En las convocatorias que se realizan a través de los consejos comunitarios, se les informa a los aspirantes el tipo de contrato, duración y salario. Por la naturaleza del proyecto y los tipos de trabajos que se realizan, los periodos de contratación de personal son por tiempos cortos, al
igual que el proyecto cuya duración estimada es de 15 meses', explica el texto.
Agrega que un grupo de 24 personas de una de las empresas subcontratistas, prefirió realizar un cese de actividades, en lugar de continuar con las reuniones que venían sosteniendo con su empleador y con el acompañamiento del Ministerio del Trabajo, para atender las solicitudes de los empleados.
