Córdoba es uno de los departamentos en los que la Contraloría General de la República, CGR, reportó hallazgos tras evaluar la gestión del Banco Agrario referente a la asignación de los subsidios de vivienda social rural.
Beneficiarios retirados de manera injustificada, incumplimiento de contratistas e incluso el uso de terrenos no aptos para la construcción son algunos de los reparos realizados por el ente de control.
Los hallazgos fiscales en todo el territorio nacional se elevan a $5.292 millones de pesos, de los cuales dos fueron contratados en el Caribe; uno en departamento de Córdoba, con el Consorcio VR – 2018, por un valor de $870.361.562 millones; y otro más en La Guajira, donde se ejecutó un proyecto para familias desplazadas en el municipio de Distracción, por un total de $612.785.250 millones de pesos.
El Contralor delegado para el sector Agropecuario, Gabriel Romero, indicó que 'con 36 hallazgos administrativos de los cuales, 11 tienen presunta incidencia fiscal por valor de $5.292 millones, 29 de carácter disciplinario y 2 con solicitud de indagación preliminar, finalizó una auditoría de cumplimiento que se realizó a la gestión adelantada por el Banco Agrario, entre el 1 de enero 2019 y el 30 de junio de 2021, respecto a los subsidios de vivienda de interés social rural otorgados hasta el 2017'.
