La Contraloría emitió un concepto de 'incumplimiento material adverso' al auditar el cumplimiento de las órdenes impartidas en la Sentencia T-733 de 2017 por parte de la Corte Constitucional alrededor del proyecto minero de Cerro Matoso, en Montelíbano, Córdoba.
El fallo de la Corte ampara los derechos fundamentales a la consulta previa, a la salud y al disfrute de un ambiente sano de las comunidades étnicas ubicadas en el área de influencia del proyecto.
No obstante, el ente de control fiscal, al revisar el cumplimiento de dicha providencia, formuló 17 hallazgos administrativos, 15 de ellos con posible connotación disciplinaria y uno de carácter penal, que fueron traslados a las instancias correspondientes.