El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, inauguró una nueva sede de esta entidad, en el municipio de Montelíbano, al sur del departamento.
En el sitio se espera atender a cerca de 300 mil personas afectadas por conflictos sociales asociados a la minería ilegal de oro y otras economías ilegales en el sur del departamento.
La sede está ubicada en el casco urbano de Montelíbano, pero también tiene jurisdicción en los municipios de San José de Uré, y Puerto Libertador, en la subregión del San Jorge; y Valencia, Tierralta, en el Alto Sinú.
'Esto facilitará a los usuarios el acceso a la oferta institucional de la Defensoría del Pueblo, debido a la existencia de factores violentos que prevalecen en la zona', indicó Camargo Assis.
El Defensor mostró su preocupación ante la expansión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC; las disputas internas en las filas ilegales; la entrega de dádivas a la comunidad; y la reincorporación de los excombatientes de las Farc.
