La Contraloría le puso la lupa a varias obras ejecutadas en el departamento de Córdoba con recursos de regalías, las cuales presentarían fallas en planeación y gestión.
Al criticado Complejo Cultural del Porro, construido en San Pelayo, se le suman los reparos realizados ante lo que el ente de control calificó como una ineficiente ejecución y planeación del proyecto de ciencia y tecnología.
'El hallazgo es por $1.981 millones, relacionado con un proyecto de ciencia y tecnología ejecutado por la Gobernación de Córdoba, donde fue encargada de la ejecución del proyecto de comprensión lectora y emprendimiento en las comunidades educativas del Departamento de Córdoba', indica el informe.
La propuesta fue aprobada mediante el acuerdo N°. 009 del 9 de julio de 2013 del Ocad Región Caribe, por un valor de $7.967.485.213.
Este miércoles 30 de septiembre, el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba realizará una rendición de cuentas sobre los resultados obtenidos en la vigilancia y control de las regalías.
Asegura la Contraloría que para su ejecución, se celebró el contrato interadministrativo N° 674 del 5 de noviembre de 2013 entre la Gobernación de Córdoba y la Universidad Francisco de Paula Santander, por valor de $7.967.485.213 de pesos, y el contrato de interventoría No. 514 de 2014 por valor de $555.925.470.
'Se pudo constatar que el contrato principal tuvo varias modificaciones en los que se ampliaron los plazos de ejecución; se aplicaron suspensiones al contrato y se estipuló un porcentaje como gastos administrativos del contrato', indicó el informe.
Según las autoridades, el contrato interadministrativo se pactó inicialmente para ser ejecutado en 8 meses y con las modificaciones, su plazo final fue de 20 meses y 20 días, terminando su ejecución el 30 de mayo de 2017.
'Luego de la auditoría se pudo evidenciar que, durante el proceso de planeación y ejecución del proyecto, se presentaron debilidades en el sistema de control financiero e interno de la administración', asegura.
Advierte el ente de control que no se tuvo en cuenta la normatividad de contratación, hubo una interventoría negligente, saldos no reintegrados, entre otras fallas.
'Esta ejecución se refleja en una gestión ineficaz lo que condujo a que se pagaran recursos correspondientes a gastos administrativos innecesarios y no justificados', concluyó.
En total se trata de tres hallazgos administrativos, de los cuales tres tienen presunta incidencia disciplinaria y dos tienen posible incidencia fiscal por un valor exacto de $1.981.101.267.
