En un fallo de primera instancia emitido por el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, fue sancionada e inhabilitada por unos 15 años para ejercer cargos públicos la exgerente del Hospital San Jerónimo de Montería, Isaura Hernández Pretelt, y cuatro miembros de su Junta Directiva.
'Se destituye e inhabilita por 15 años a la gerente de la ESE Hospital San Jerónimo, Isaura Margarita Hernández Pretelt y a los miembros de la Junta Directiva, identificados como Teresita Uribe de Puche, Félix Manzur Jattin, Yudis Jiménez Movilla y Luis Narváez Molina', indicó el procurador Carrillo Flórez.
Aparentemente la Gerente y los miembros de la Junta Directiva en mención habrían violado la ley de garantías para renovar parte de la planta de personal del Hospital San Jerónimo de Montería, en hechos ocurridos en el año 2017.
'Se estableció que en la sesión certificada en el acta de fecha del 26 de diciembre del 2017 nunca se realizó y que el propósito al elaborar ese documento era simplemente enmendar conductas irregulares cometidas en la sesión del 8 de diciembre de ese mismo año. Acciones que ya eran objeto de investigación disciplinaria en la Procuraduría', dijo el director del ente de control.
Un hecho similar con relación a la contratación en el mencionado hospital ocurrió a inicios de este año, cuando la gerente Hernández Pretelt renunció a su cargo tras haber sido denunciada por la gobernadora de Córdoba, Sandra Patricia Devia Ruiz, por haber firmado en un solo día casi 500 nuevos contratos, a pesar de estar de vacaciones el 1° de enero de este año.
Ante las irregularidades ocurridas en el año 2017, Carrillo Flórez explicó que 'los sancionados modificaron la planta de cargos de la ESE sin tener en cuenta que por ley de garantías no podían realizar esos cambios, por estar a menos de cuatro meses para las elecciones legislativas que se realizaron el 11 de marzo del 2018'.
Por esas y otras presuntas irregularidades detectadas por las autoridades en el manejo de los recursos del Hospital San Jerónimo de Montería, la Superintendencia Nacional de Salud había decidido intervenir al mencionado hospital por lo que la junta antes mencionada también había sido desplazada de sus funciones administrativas.
En su intervención el procurador Carrillo Flórez hizo un llamado a los funcionarios públicos, en lo que tiene que ver con la ley de garantías que entra en vigencia este 27 de junio. 'Ustedes recuerdan que todos los funcionarios públicos tienen que abstenerse de realizar ese tipo de contrataciones, precisamente por continuar vigente la ley de garantías', puntualizó el Procurador.
