El defensor del pueblo en Córdoba, Víctor Castilla, y el personero de Montería, Jorge Galofre, anunciaron, por separado, apertura de investigación por el caso de la menor de siete años que el martes en la noche murió cuando la máquina que le suministraba oxígeno artificial quedó fuera de servicio durante el apagón generalizado que afectó a la capital y a otros 12 municipios de Córdoba.
La pequeña, quien vivía con su familia en el barrio Cantaclaro, al sur de la ciudad. Su familia contó que desde hacía dos días recibía tratamiento en casa a través de un concentrador de oxígeno que dejó de funcionar a las nueve de la noche, hora en que se presentó un fuerte vendaval que ocasionó la emergencia eléctrica.
'Nos estamos llenando de requisitos, verificando qué fue lo que realmente sucedió para conocer bien los hechos, pero ya asigné a una delegada para que establezca lo acontecido', sostuvo el defensor Castilla.
El funcionario aseguró que las quejas de usuarios contra Electricaribe son 'el pan de cada día' porque en su despacho recibe un promedio de tres a cuatro querellas de ciudadanos que reclaman sus derechos.
'Las quejas tienen que ver con el trámite procesal en lo que respecta a los contadores que son retirados y después es que le mandan la sanción a las personas. En eso es que estamos interviniendo, en los recursos de reposición', precisó el jefe de ese Ministerio Público.
A su turno el personero de Montería, Jorge Galofre, sostuvo que aunque los familiares de la menor no han pedido asesoría jurídica en su despacho, como Ministerio Público insistirá en la salida de la empresa de la Costa como lo están planteando diversos sectores.
'Hemos sido muy puntuales con el tema Electricaribe, le hemos exigido a la Superintendencia de servicios públicos y al Gobierno que sea intervenida con los fines liquidadores de la empresa, para que llegue otro operador', sostuvo Galofre.
Advirtió que desde la entidad le harán seguimiento estricto al caso de la menor fallecida.
