De las cosas malas, suele surgir algún aspecto positivo. En el caso de los departamentos de Bolívar, Atlántico y, en menor medida, los otros de la región Caribe, la grave situación invernal registrada en el año 2010 que ocasionó el desbordamiento de las aguas del Canal del Dique, puso en evidencia la necesidad de ejecutar obras de impacto real y permanente, que hagan de esta arteria fluvial una verdadera solución navegable, de carácter positivo para las comunidades y que no se convierta en su enemigo, como sucedió en noviembre de aquel año, cuando cerca de 100 mil personas resultaron damnificadas, muchas de ellas perdiendo todo lo que tenían.
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Este canal artificial, cuya construcción data de tiempos de la Colonia, fue para los municipios ribereños de Bolívar y Atlántico, un auténtico privilegio por muchos años, ya que conectó la ciénaga de Cartagena con el río Magdalena.
Pero los mismos problemas de sedimentación que arrastra el río por su cauce natural desde el interior del país, han afectado la navegabilidad del canal desde hace varias décadas y se estima que desde los años 50 ya se hablaba de la necesidad de ejecutar obras para contar con una solución a gran escala.
Cuando ocurrió el furioso desbordamiento de 2010, el Gobierno de la época inició los trámites para evitar desastres similares en el futuro y aunque inicialmente se planteó la posibilidad de hacer una alianza público-privada, con el paso del tiempo la idea se convirtió en el proyecto Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique.
¿En qué consiste?
Se trata de un proyecto que tiene una longitud de 115,5 km, que abarcan entre el municipio de Calamar y la bahía de Cartagena. Las obras incluyen un sistema de compuertas, así como esclusas en Calamar y Puerto Badel, con el fin de evitar la entrada no controlada de caudal y sedimentos al sistema, con lo cual se busca prevenir posibles inundaciones a lo largo del canal, permitiendo mantener un control activo.
El proyecto tiene previsto un valor de inversiones (Capex + Opex) cercanos a los $3,25 billones, distribuidos en $2,34 billones en obra Capex y $0.91 en operación y mantenimiento Opex (Cifras en pesos constantes de diciembre de 2020).
Con estas inversiones se estima una generación cercana a 62 mil empleos, entre directos, indirectos e inducidos, a lo largo de todas las etapas del proyecto.
La población beneficiada con esta obra está estimada en 1,5 millones de habitantes, abarcando ocho municipios del Atlántico (Campo de La Cruz, Candelaria, Luruaco, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucía y Suan); nueve de Bolívar (Arjona, Arroyohondo, Calamar, Mahates, Maríalabaja, San Cristóbal, San Estanislao, Soplaviento y Turbana); al igual que el Distrito de Cartagena y un municipio de Sucre (San Onofre).
En todo el proceso licitatorio para que la obra sea una realidad en el lapso más corto posible están involucrados varios estamentos del Gobierno nacional: Ministerio del Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura, con el apoyo y participación activa de los entes territoriales, tanto gobernaciones como alcaldías impactadas por la obra, tienen el futuro de miles en sus manos.
