Indignado el colombiano Luis Ernesto Vargas Silva, actual Comisionado Relator sobre Derechos de los Migrantes, Refugiados y Víctimas de Trata de Personas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) – un órgano de la OEA – asegura que la región vive hoy “la peor época en materia de violación de derechos humanos”.

A este abogado de corte liberal y progresista, expresidente de la Corte Constitucional, denuncia “sofisticados golpes de Estado” que sacaron del poder a presidentes en Honduras, Paraguay, Brasil o recientemente en Bolivia, donde ha venido aumentando la represión luego de que la autoproclamada mandataria Jeanine Áñez, vía decreto, le diera a las Fuerzas Armadas “licencia para matar” al eximir a sus integrantes de responsabilidad penal cuando actúen en legítima defensa.

En los estallidos sociales en Ecuador y Chile, que han desencadenado multitudinarias protestas y gravísimos hechos vandálicos, también han sido denunciados abusos de la fuerza pública. De hecho, la CIDH confirmó violaciones a los derechos humanos que ya están documentando, como un desproporcionado uso de la fuerza policial a la que se le atribuyen cerca de 30 fallecidos, 2.500 heridos y 280 personas con daños oculares por el uso de balines como herramienta antidisturbios.

Vargas también advierte de dictaduras camufladas en gobiernos “democráticos” que pisotean permanentemente los derechos de sus ciudadanos, pero lo peor, a juicio del jurista, ocurre en Estados Unidos, donde se estima que hay más de 100 mil menores de edad en centros de detención para migrantes. Niños tratados como prisioneros, separados de sus padres, traumatizados y sin posibilidad de apoyo psicosocial. Abogados y defensores intentan ayudarlos, pero terminan estrellándose contra el muro de indolencia de la administración Trump.

Además, los flujos migratorios como el venezolano, cada vez más masivos, impulsados por la pobreza, las desigualdades, la búsqueda de protección o los desastres naturales, están generando políticas de seguridad represivas, nuevas barreras legales y discursos de odio que criminalizan a los migrantes desconociendo que los derechos humanos no tienen fronteras.

En Colombia las violencias no dan tregua. Asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, indígenas y exguerrilleros demandan una política pública de paz que ofrezca garantías integrales en defensa de los derechos humanos.

Como en muchos de estos países, en Colombia claro que hay razones para protestar. Pero no es acudiendo al vandalismo o a la violencia que todos deberíamos condenar, como alcanzaremos las transformaciones sociales, políticas o económicas requeridas.

¡Si se pretende seguir en pie de lucha hasta que el mensaje sea escuchado por una dirigencia a la que le está costando concertar y hacer autocrítica, que toda protesta social sea pacífica! Hay que pensar y actuar con sensatez para no caer en el caos que promueven sectores extremistas que solo buscan su propio beneficio y no el bienestar de los más vulnerables. La violencia sólo produce más violencia. Insisto, esta es una lección que aún no hemos aprendido en Colombia.