Si algo une hoy a todos los colombianos es la percepción de tremenda inseguridad en su diario vivir. Cada día son más frecuentes los asaltos a residencias, a establecimientos, a vehículos y a transeúntes, como cada vez son más violentas las acciones de los bandidos. Y cada día es mayor la frustración al ver cómo no solo las autoridades no alcanzan a contener la avalancha de delitos sino que la impunidad crece.
Como es natural, el primer reclamo de los ciudadanos se dirige a quienes gobiernan las ciudades. Y es cierto que las deficiencias en la gestión de estos gobernantes pueden exacerbar el problema, como sucede en las capitales cuyos alcaldes no ocultan su antipatía por las fuerzas de Policía, como Bogotá, Medellín y Cali, y particularmente en esta última, donde la simpatía de su alcalde con los delincuentes es bien conocida y, además, con frecuencia la transparencia no brilla en sus actuaciones. Pero no son ellos la causa fundamental del tremendo problema nacional de inseguridad ciudadana.
Y tampoco lo son los jueces, aunque a veces lo pareciera. Hace más de una década el subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, manifestaba: “Todos los días capturamos, todos los días recuperamos objetos que han sido hurtados a sus dueños. Todos los días nuestros policías se presentan frente a los fiscales y jueces para que procesen a los responsables de los delitos. A diario hacemos la tarea con entrega y sacrificio.” Y todos los días los jueces soltaban, como ahora sueltan, a los capturados.
Pero esto no obedece a capricho o venalidad de esos jueces. Es cierto que existen jueces y magistrados corruptos, como lo han dejado bien claro varios presidentes de la honorable Corte Suprema de Justicia. Pero la gran mayoría de quienes administran justicia son mujeres y hombres probos. El problema, la causa real de la inseguridad e impunidad dueña del país es que las leyes que ellos se ven obligados a aplicar, las leyes 890 y 906 de 2004, con sus múltiples reformas, son pésimas.
La 906, que es la peor, estableció en Colombia el sistema acusatorio oral. La 890 cuadró el Código Penal que se aplicaría con la anterior. A los dos años de entrar en vigencia esas deplorables leyes, los crímenes denunciados se habían cuadruplicado, y no precisamente porque se hubieran cuadruplicado los delincuentes sino porque empezaron a soltarlos tan pronto los capturaban, como ellas ordenan. Hoy, tras cerca de 20 reformas, esas leyes producen cada vez peores resultados, y más de la mitad de los capturados son reincidentes.
Las leyes 890/4 y 906/4, unidas a los boquetes del sistema de responsabilidad penal de los adolescentes de la Ley 1098/6 o Código de Infancia y Adolescencia y a la crónica inexistencia de una política penitenciaria, son las fuentes reales, la causa raíz, del caos de inseguridad e impunidad que hoy vive Colombia.
Entre las decenas de políticos de diverso pelambre que han presentado su precandidatura a la Presidencia de la República hay algunos cuyas afinidades con la criminalidad son bien conocidas. Pero también los hay decentes. Mi voto sería para quien entre ellos demuestre un verdadero interés en solucionar el problema de la inseguridad ciudadana, y se comprometa firmemente con las modificaciones sustantivas que requieren esas perversas leyes, que hoy les dan todas las garantías a los criminales y se las niegan a los ciudadanos de bien.
