Nadie en Colombia se puede atrever a negar que vivimos momentos críticos y en muchas áreas más difíciles que países vecinos. Este es el caso de los impactos sociales de la crisis de la covid-19, cuando los niveles de pobreza, de indigencia y de vulnerabilidad de nuestra población superan los alcanzados por el promedio latinoamericano. Deterioro de nuestra imagen internacional cuando la buena noticia de la presidencia de la CAF con Sergio Díaz-Granados se ha visto dolorosamente opacada por la situación de derechos humanos, agravada por la reacción del gobierno, y por esta dolorosa y confusa situación de mercenarios colombianos en el crimen del presidente de Haití.
Una población empobrecida, con un nivel de pandemia de más de 500 muertes diarias; con una economía sin grado de inversión, desempleo e informalidad en niveles inmanejables, y con profundas dudas en organismos internacionales sobre una salida rápida de esta crisis, obviamente ha generado pesimismo generalizado y profundas divisiones.
No debe sorprender que esta explosión social que vivimos intensamente, con muertos, desaparecidos, violaciones flagrantes a los derechos humanos, esté cocinándose a fuego lento. Y explotará nuevamente a menos que el gobierno, el Estado en general, la dirigencia del país y el resto de la sociedad entiendan que es con diálogo sin prevenciones como se logrará esa salida democrática que Colombia necesita con urgencia.
Pero no. El gobierno no ha logrado entender que en los pocos meses que le faltan la situación se le puede salir aún más de las manos. Los políticos, partidos y candidatos presidenciales tampoco se ubican y cazan diariamente peleas sin entender que más que campaña es el momento de encontrar caminos precisamente para que las próximas elecciones no aumenten los costos que ya son evidentes. El sector privado, con excepción del caleño, está curiosamente muy silencioso sin asumir esas posturas generosas, objetivas que serían necesarias. Y mientras tanto la población colombiana, especialmente quienes más necesitan apoyo, sufren la carencia de posturas objetivas de aquellos que ostentan todos los poderes en este país.
La salida es el diálogo, pero no. Lo que hay especialmente por parte del gobierno, el presidente y su equipo es rechazo a todo lo que con razón es cuestionado en cualquiera de las múltiples áreas donde se han cometido errores o se han asumido acciones y se han dado omisiones que han contribuido a esta crisis. Diálogo es algo que el gobierno entiende como debilidad. Diálogo frente a críticas fundadas que interpretan como ataques casi que personales. Diálogo con aquellos que sienten las consecuencias de un Estado que no les responde. Diálogo, diálogo, diálogo, señor presidente, en vez de esas frases agresivas, disonantes, que ponen a Colombia y a su presidente en igual nivel de esos dictadores latinoamericanos. Este país no se merece esa descalificación que nace de esas frases en mentes calientes de aquellos que son las cabezas del gobierno. Por favor, por el bien de lo que falta de esta administración, no más rechazo a todo lo que se refiera a esta crisis interna que vivimos.