La verdad es que en este 2020 el país ha acumulado una serie de acontecimientos negativos que llevan a la salida fácil de creer que simplemente estamos de malas, nos cayó la roya, para utilizar una expresión coloquial. Una pandemia que en el caso de Colombia ha tenido efectos económicos que superan a los observados en países vecinos como por ejemplo el altísimo desempleo, los incrementos inmensos en la proporción de pobres, y el debilitamiento de la clase media, además de una contracción en la economía que aun no se conoce exactamente su dimensión. Un recrudecimiento de la violencia con asesinatos de líderes sociales y de exmiembros de las FARC que lleva a la conclusión de que se está perdiendo aceleradamente la posibilidad de la paz en nuestro territorio.
Y como si lo anterior no fuera suficiente, la evidencia de un modelo de desarrollo en el cual sus pocos beneficios se concentran en unos pocos ante los ojos de una sociedad indiferente frente a su inmensa desigualdad. Además, un invierno devastador que repite la dolorosa historia de departamentos como el Chocó, de aquellos de la Región Caribe a los que ahora se suman zonas de la región cafetera y de Norte de Santander. Para no hablar de los barrios marginales de las zonas urbanas que pierden en medio de estas lluvias lo poco que tienen. Pero el golpe más duro ha sido la destrucción de Providencia y Santa Catalina además de los inmensos costos que vive la isla de San Andrés. La cereza del amargo ponqué es la inseguridad ciudadana que, en Bogotá, así lo nieguen sus autoridades, ha llegado al extremo de que da terror usar el transporte público o simplemente caminar de noche. En Barranquilla, por ejemplo, asesinatos, atracos y feminicidios son noticias casi diarias.
Es un panorama desalentador, pero la realidad es que es producto de la forma como está funcionando el país, del tipo de liderazgo que tenemos y de la excesiva paciencia de esta sociedad. El gobierno ha sido mezquino en la asignación de recursos para atender la crisis de demanda por el empobrecimiento de sectores muy golpeados por la pandemia. En la estrategia para enfrentar la Covid-19, se replican las prioridades del gobierno Duque que han sido más la gran empresa que la gente. El desprecio de esta administración por lo que debería haber sido el posconflicto está pasando su cuenta de cobro porque en vez de aumentar la presencia estatal en zonas de alto riesgo ignora el tema. Y la pobreza, la desigualdad, muestran su desprotección como sucede en cada invierno. Pero lo más doloroso es el eterno abandono de nuestro departamento insular, San Andrés, en manos de políticos corruptos durante décadas ante la complacencia de las autoridades nacionales. Se suman las promesas incumplidas de este y de todos los gobiernos, además del desprecio por la realidad que debería reconocer su vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático. Conclusión, no nos cayó la roya, sencillamente estamos pagando el costo de manejarnos así.
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