Que Colombia es un lugar bendecido por la naturaleza es una afirmación tan evidente que no amerita un debate. Las comparaciones internacionales muestran que somos el segundo país más biodiverso del mundo, tan solo después de Brasil y por encima de Indonesia, cuya área es muy superior a la nuestra.
Contamos con la mayor variedad de aves, orquídeas y mariposas en el planeta, mientras que en plantas, anfibios o reptiles nos encontramos dentro de las tres primeras naciones. A la fecha han sido contabilizadas 63.303 especies, una cifra que va en aumento pues supera en 8 por ciento el número previo.
De ese total, algo más de un 10 por ciento son endémicas, es decir que sólo existen en nuestro territorio. Dicha particularidad incluye a 82 especies de aves, 62 de mamíferos o 401 de peces de agua dulce.
Lamentablemente, semejante patrimonio está en riesgo por circunstancias específicas, como la deforestación, y generales, como el cambio climático. En una resolución emitida en 2017 por el Ministerio de Ambiente fueron identificadas 1.302 especies bajo algún grado de amenaza.
A los peligros circundantes hay que agregarle el de las manos criminales que se lucran de un negocio oscuro. Se trata del comercio ilegal, un tema que tenemos la oportunidad de examinar con detalle en Cartagena estos días, durante de la segunda Conferencia de las américas sobre Comercio Ilegal de Vida Silvestre.
Periódicamente aparecen en la prensa las noticias sobre las incautaciones que hacen las autoridades. Tortugas, serpientes, loros, iguanas, arañas son, entre muchos otros, forman parte de la larga lista de especies anfibias, terrestres o acuáticas que están en la lista de los hallazgos.
En respuesta, las corporaciones autónomas regionales y una serie de organizaciones no gubernamentales se encargan de devolverlas a su hábitat natural. En 2021 fueron liberados 12.968 individuos, pertenecientes a 395 especies de fauna silvestre, incluyendo varios en riesgo de extinción.
Tan encomiable labor apunta, sin embargo, a resolver tan solo una fracción del problema. La existencia de verdaderas mafias hace complejo combatir a quienes expolian la riqueza de todos para su propio beneficio.
Es por ello que desde el Gobierno impulsamos la adopción de normas más duras, las cuales quedaron consagradas en la Ley 2111, sancionada el 29 de julio del año pasado. Esta amplía los instrumentos a la hora de combatir los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y, específicamente, el tráfico de fauna, la caza y la pesca ilegales o el manejo ilícito de especies exóticas.
La tipificación de conductas punibles adicionales a las previamente definidas en el Código Penal viene acompañada de penas que pueden llegar hasta los 15 años de prisión, junto con multas de gran cuantía. El objetivo son las organizaciones delincuenciales que operan en varios puntos de nuestra geografía y forman parte de redes trasnacionales, por lo cual colaboramos con varios países en esta lucha.
Además, estamos redoblando esfuerzos en materia de educación, dirigidos a la población en general, pero sobre todo a los más jóvenes. No tengo duda alguna de que gracias a las campañas adelantadas, las nuevas generaciones entienden que a la naturaleza hay que respetarla y defenderla. Cuando cada uno de nosotros sea guardián de la enorme biodiversidad que existe en el territorio colombiano, habremos ganado una batalla en la que es obligación persistir diariamente.
Un conocido vallenato de Adolfo Pacheco nos cuenta la historia del mochuelo que un compadre suyo “se cogió en las montañas de María”, el cual “perdió su libertad para darnos su alegría”. Hoy en día sabemos que la mayor alegría es lograr que ese y todos los pájaros que surcan nuestro cielo puedan saltar de un árbol a otro sin que un traficante les robe la libertad, ni a nosotros un patrimonio único que debemos preservar.
* Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
