Ante la ralentización del crecimiento de la economía de antes y su estancamiento ahora se impone la necesidad de implementar por parte del Gobierno un plan de choque tendiente a reactivar la economía. El Presidente Gustavo Petro, ante el mediocre desempeño de la economía el año anterior, reaccionó diciendo que “el gobierno nacional tiene una responsabilidad. Cuando baja la inversión privada, debe crecer la pública”. Pero, al parecer al Presidente no le obedecen, porque a contrapelo de sus directrices la plata sigue en las fiducias y la paquidermia del Estado frena la ejecución de la inversión pública en los momentos en los que más se requiere.
Si bien el sector energético no es el que más contribuye en Colombia a las emisiones de GEI, la mayor participación de las FNCER en la matriz eléctrica las neutraliza. En nuestro concepto su mayor mérito estriba en el robustecimiento de la base de generación, habida cuenta de que de acuerdo con un estudio de Fedesarrollo hacia el año 2028 Colombia requerirá contar con 30 GW de capacidad instalada, la expansión de esta, de preferencia, debe abrirle espacio a las FNCER, diversificando aún más la matriz y con ello dándole mayor confiabilidad y firmeza al Sistema.
Colombia es un país de escasa y difícil movilidad social ascendente, porque la mayoría de las personas que por su precariedad y vulnerabilidad caen en la trampa de la pobreza o lo que es peor cuando heredan la pobreza, les es asaz difícil salir de ella. Ello obedece a que el piso es pegajoso y por ello cuesta mucho surgir desde abajo, nadando contra la corriente, como quien trepa una cucaña.
De darse este desafuero, que sería un golpe más que se le asestaría a la región Caribe, se afecta no solamente a los usuarios domiciliarios sino también al sector comercial, al industrial, al automotor y desde luego a los generadores de energía, encareciéndola, impactando severamente su competitividad. Ello, además. iría a contrapelo de la Transición energética justa.