Sin lugar a duda, Colombia cuenta hoy con un activo estratégico que merece un lugar central en la conversación sobre desarrollo económico y política pública: el microcrédito y el ecosistema microfinanciero. Lejos de ser una promesa a futuro, se trata de un sector que ya muestra resultados concretos, impacto territorial y una capacidad probada para dinamizar la economía popular del país.

El microcrédito y el ecosistema microfinanciero no solo han demostrado resiliencia, sino una capacidad única para leer el territorio, adaptarse a las realidades locales y generar impacto donde otros instrumentos no llegan. A lo largo de los años, este sector ha construido una red sólida de confianza con millones de colombianos, impulsando emprendimientos, fortaleciendo economías populares y promoviendo inclusión financiera con enfoque productivo. Por eso, su participación activa en el diseño e implementación de la política pública no es una aspiración sectorial, sino una oportunidad país para avanzar hacia un desarrollo más equitativo, sostenible y con sentido territorial.

Las cifras de 2025 así lo demuestran. La cartera bruta de microcrédito alcanzó los $25,08 billones, registrando un crecimiento real del 8,5%, el nivel más alto en más de siete años, con más de 2,5 millones de clientes activos y un monto desembolsado de $17,80 billones a través de cerca de 1,8 millones de operaciones. Estos datos no solo reflejan crecimiento; evidencian confianza, sostenibilidad y una demanda sólida de financiamiento productivo por parte de millones de colombianos.

Uno de los mayores aportes del microcrédito es su capacidad de llegar a todo el territorio nacional. Más de la mitad de los clientes y de los desembolsos se concentran en municipios rurales, intermedios y rurales dispersos, confirmando que las microfinanzas son una herramienta efectiva para cerrar brechas regionales y fortalecer economías locales. Allí donde se impulsa un pequeño negocio, una unidad productiva familiar o un emprendimiento comunitario, se genera empleo, ingresos y tejido social.

Este ecosistema también es un aliado clave de la equidad de género. En 2025, el 51,5 % de los clientes de microcrédito fueron mujeres, muchas de ellas emprendedoras que sostienen hogares, crean oportunidades y transforman sus comunidades. Las microfinanzas no solo financian actividades productivas; amplifican capacidades, autonomía y liderazgo económico.

En un contexto electoral como el que vive hoy Colombia, estas realidades adquieren una relevancia especial. El país discute su rumbo económico, social y territorial, y es justamente en ese debate donde el crédito a la microempresa, negocios productivos y negocios por cuenta propia deben ocupar un lugar protagónico. No como un complemento, sino como un instrumento probado para el desarrollo productivo y la inclusión financiera.

Integrar al ecosistema microfinanciero en la política pública significa reconocer su capacidad para aportar a objetivos estratégicos del país: crecimiento económico desde la base productiva, fortalecimiento de las regiones, generación de empleo y reducción de desigualdades. Implica diseñar políticas que potencien lo que ya funciona: marcos normativos adecuados, acceso a fondeo, innovación tecnológica, educación financiera y articulación con programas de desarrollo empresarial.

El llamado al Gobierno nacional y a los candidatos presidenciales es claro: el futuro de Colombia también se construye desde las microfinanzas. Incluirlas de manera decidida en la agenda pública es apostar por un modelo de desarrollo más cercano a la realidad de millones de colombianos con oportunidades para todos y más sostenible en el tiempo.

El microcrédito ya está demostrando su impacto. Ahora el reto es escalarlo, fortalecerlo y convertirlo en uno de los pilares de la política pública del futuro colombiano.

*Presidente ejecutiva de Asomicrofinanzas