Pasividad, calma, modorra e ingenuidad parecen ser las palabras que se aplican a la sociedad colombiana en estos tiempos. No puedo entender que un país gobernado por una persona como Petro que irrespeta al pueblo, agrede a sus adversarios, gobierna con incapaces y planea como un dictador, no genere de forma clara y unificada un discurso de rechazo a las barbaridades que dice y hace. Sus insultos a las instituciones, a la autonomía de la rama judicial, a la tridivisión de poderes y su abandono estatal dejando de lado los problemas de los colombianos como la seguridad, la salud, el empleo, la energía y, tantos otros temas, son el pan de cada día.
En estos últimos días, tres manifestaciones del presidente dejan un halo de preocupación frente al porvenir de nuestra democracia.
En primer lugar, Petro pasó al campo de los madrazos contra el presidente del Congreso de la República, Efraín Cepeda porque no apoyará su consulta popular. Su rechazó al legislativo no solo tiene que ver con esa iniciativa sino con la molestia que tiene porque la comisión séptima del Senado rechazó el proyecto de ley sobre la reforma laboral, como si existiera una obligación de aprobar cual notario cualquier iniciativa del gobierno.
No podemos olvidar, el matoneo del mandatario contra la presidenta del partido Conservador Nadia Blel a quien acusó, de forma cobarde, de “amenazar a todas las familias colombianas al meterse en su casa y quitarles el descanso y el mercado”. Todo por su trabajo parlamentario de evitar que Petro y su grupúsculo de forofos se apropiaran del legislativo.
Si hacemos memoria, Petro en su insubstancial labor parlamentaria no votó en múltiples ocasiones iniciativas de los gobiernos y nunca se llegó a un estado de crispación tan grande. La respuesta ponderada y aplomada del senador Cepeda fue excepcional.
El segundo hecho se refiere a las insinuaciones de su retorno al poder cuando se haya hecho una revolución. Esto es de suma gravedad. Recordemos que el señor Petro saldrá sin fuero de presidente y cualquier acción como la que generó con sus trinos incendiarios en el estallido social de 2021, deberá ser judicializada por la Fiscalía General de la Nación. Esta institucionalidad golpeada por Petro no puede ser dócil con lo que podría ocurrir en el futuro.
En tercer lugar, el 28 de abril en su consejo de ministros, Petro amenazó al Congreso y anticipó con sus palabras un posible golpe de estado contra el legislativo por la casi segura no aprobación de la consulta popular. Para Petro “el pueblo tendrá, entonces la posibilidad de actuar de otras maneras” contra Congreso de la República.
Según su explicación, el Congreso perdería legitimidad si no aprueba esa consulta. Olvida él que el legislativo no es ilegitimo por hacer su tarea constitucional y frenar las iniciativas inconvenientes para el país. Si hablamos de legitimidad, la suya está en entredicho por cuenta de las investigaciones alrededor de la posible financiación ilegal de su campaña.
Más allá de esto, lo preocupante es que asuntos de tanta gravedad no conciten unidad y reacción contundente de gremios, empresarios, industriales, rama judicial, del mismo Congreso en pleno y de algún sector del periodismo. Debe destacarse la reacción del expresidente Gaviria y la reacción del partido conservador, Cambio Radical, la U y el partido liberal. Si no nos unimos alrededor de la institucionalidad y defendemos la democracia, nos pasaran por encima. Ciudadanía, partidos, organizaciones sociales y liderazgos con experiencia, conocimiento, carácter y determinación deben ser la receta para el 2026.
*Ex fiscal general de la Nación
*Profesor del Adam Smith Center for Economic Freedom, Florida International University (FIU)
