Hay que recordar que desde que prendió motores la discusión sobre Ciudad Mallorquín se generó un perseverante movimiento ciudadano de reflexión y crítica en torno a la apuesta inmobiliaria del Grupo Argos que derivó en varias revelaciones.
---El proyecto fue facilitado por el intencional alineamiento de los intereses del Grupo Argos con los instrumentos de planificación (Pomca Mallorquín 2017 y PBOT 2017 de Puerto Colombia). Sin este calculado alineamiento habría sido imposible esa ecocida ejecución inmobiliaria.
---El proyecto recibió las disponibilidades técnicas en acueducto y alcantarillado por parte de la Triple A a sabiendas de que Puerto Colombia tiene carencias en suministro de agua potable y que las aguas residuales serán arrojadas sin tratamiento alguno al río Magdalena.
---El proyecto obtuvo aprobaciones en movilidad de la alcaldía de Puerto Colombia sin que se conozca hasta hoy un consistente estudio de tránsito local dirigido a minimizar los impactos en esta materia.
---El proyecto logró Planes Parciales para construir en alturas no permitidas Viviendas de Interés Social (VIS), contrariando lo dispuesto por el PBOT de Puerto Colombia al respecto.
---Además, denunciamos que el Grupo Argos ha sido beneficiario de privilegios tributarios al no pagarle a Barranquilla lo que corresponde en impuesto predial por algunos de sus lotes.
Esta coyuntura controversial movió la atención de la Procuraduría para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios, que tiene entre sus facultades usar instrumentos de intervención judicial en la conservación y protección del medio ambiente. Para tratar el tema Ciudad Mallorquín, la Procuraduría convocó mesas interinstitucionales y ciudadanas. Estamos a la espera de sus actuaciones. ¿Va a preservar el área natural remanente de unas 120 hectáreas? ¿Va a limitar el número de apartamentos? También la Fiscalía Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente abrió hace meses una línea investigativa para Ciudad Mallorquín. ¿En qué va esa larga pesquisa? ¿Cuándo habrá resultados?
Desde la sociedad civil hemos hecho denuncia periodística y presentado acciones jurídicas con base en datos concluyentes, y eso ha tenido la repercusión de crear mayor conciencia pública acerca de la necesidad de tutelar la naturaleza en los procesos de planificación urbana para afrontar los desafíos del cambio climático. Como ciudadanos exigimos celeridad en las decisiones que coloquen límites necesarios al proyecto Ciudad Mallorquín. La Procuraduría y la Fiscalía tienen el poder institucional para ello. Pues háganlo sentir.
