Ante la incertidumbre y dudas surgidas por disposiciones legales que se referían a las consultas previas, en 1998 fue expedido el Decreto 1320 que claramente expresa que esta debería realizarse solo cuando se trate de explotar recursos naturales dentro del territorio de una comunidad indígena o afrodescendiente, zonas de resguardo o reservas indígenas o en zonas adjudicadas en propiedad colectiva a comunidades afro.
Sin embargo, interpretaciones más allá de lo antes establecido, producidas en cascadas por parte de la Corte Constitucional, sobre el parágrafo del artículo 330 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT, han conducido a que la consulta previa no sea un mecanismo de participación, pero sí una herramienta de presión, de extorsión.
Hoy, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, que no le niega una consulta previa a nadie, y las interpretaciones jurisprudenciales nos han llevado a que a muchas comunidades se les prive hasta de los más elementales servicios públicos, ya que llevarles agua, gas, energía, vías o construirles una escuela es casi imposible, debido a que la consulta que ellas exigen, para cambiar la leña, la pipeta de gas o el agua que les llega a lomo de mula, no solo hace que tales cambios sean más costosos, sino financieramente inviables, porque muchos líderes a nombre de las “etnias”, y a cambio de una “autorización” exigen beneficios personales, prebendas o viáticos, y hasta dinero para hacer “estudios” que nunca se conocen.
Los territorios de esas comunidades se han ampliado de tal manera que ya no son solo los que les pertenecen, sino todos aquellos en los que ellas tienen presencia, así sea de paso, en los cuales toda obra, proyecto o actividad que allí se realice arranca con la presunción de que les afecta directa o indirectamente y eso solo es desvirtuable con una consulta.
En Colombia, el 10,6% de la población es afrocolombiana, los indígenas representan el 3,4% y los gitanos el 0,001%, pero todos ellos, que no suman más del 15% de los habitantes, tienen el control de gran parte del país por la vía de las consultas, ya que el 30% del territorio nacional le “pertenece” a las comunidades indígenas, más el 73% en las cabeceras municipales y el 27% en el resto de los municipios en el que tienen presencia los afros. Así las cosas, esos territorios y otros más, por la vía de las consultas previas y sus discusiones, van a paso de tortuga, hasta que los dirigentes que las piden satisfagan sus apetitos.
Entre 2003 y 2010 expidieron 753 certificaciones de consulta previa por año y pasamos de 3 a 110 procesos anuales. Del 2010 al 2014 el promedio subió a 2.222 certificaciones por año y se están realizando casi 2.000 consultas anuales. En los últimos tres años, los proyectos viales han necesitado 104 procesos consultivos, que han costado $77.000 millones.
En alguna oportunidad el Invías dijo que si se aceptara todo lo que piden los dirigentes de esas consultas el costo de cada obra podría incrementarse en un 300%.
Las consultas previas, aun a pesar de las buenas intenciones de la Corte Constitucional, no se pueden mantener como el instrumento que hoy solo sirve para que avivatos y falsos líderes comunitarios, so pretexto de “autorizar” cualquier tipo de obra o proyecto, exijan prebendas, dinero y beneficios. Eso en plata blanca no es más que una extorsión.
@clorduy
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