Esta semana renunció a este periódico el abogado Abelardo De la Espriella, quien, en su más reciente columna, titulada “Muerte al tirano”, habla de la crisis de Venezuela y dice que “la muerte de Nicolás Maduro se hace necesaria para garantizar la supervivencia de la República. No se trataría de un asesinato común, sino de un acto patriótico que está amparado por la constitución venezolana y que resulta, por demás, moralmente irreprochable”. Las críticas de los medios nacionales no se hicieron esperar y De la Espriella renunció a su espacio, no sin antes anunciar en radio nacional que está trabajando en un libro con el mismo título y tema. Dijo el abogado que esto no tiene nada de malo, que muchas revoluciones históricas se han dado así, asesinando, y que hasta está justificado por los filósofos escolásticos.

Su justificación, además de desactualizada (difícilmente aplican hoy las políticas de la Edad Media) y llena de ingenuidades (si la muerte de un líder o tirano resolviera los problemas de un país, Venezuela se habría salvado con la muerte de Chávez, y sin embargo, eligieron a Maduro en las urnas) viola la ley colombiana, pues en el artículo 348 del Código Penal sobre “Instigación a delinquir” dice que “El que pública y directamente incite a otro u otros a la comisión de un determinado delito o género de delitos, incurrirá en multa. Si la conducta se realiza para cometer delitos [...] homicidio o con fines terroristas, la pena será de cinco (5) a diez (10) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes”.

Sin duda el gobierno de Maduro es reprobable, y es importante que lo diga la comunidad internacional, pero instigar al asesinato de un presidente en un periódico no solo no ayuda a nadie; va además contra todo compromiso ético que debe tener cualquier persona con voz pública. Dice el periodista Javier Darío Restrepo en el consultorio de ética de la Fundación Nuevo Periodismo que el trabajo de un columnista debe estar enmarcado en los límites de la libertad de expresión, el respeto al otro, la búsqueda de la verdad y el servicio social.

A pesar de ser un discurso que desborda los límites a la libertad de opinión, De la Espriella no recibirá sanción alguna. La ironía es que nuestro escolástico patriota no es tolerante a la crítica, sus excesos son legítimos, pero las críticas que le hacen merecen en su criterio sanción judicial. Por eso De la Espriella ha denunciado por injuria y calumnia a Yohir Akerman, Jorge Gómez y Jonathan Bock, y como abogado ofrece un servicio con vocación de censura online como CleanUps. Pero bueno, como ha dicho el abogado en otras ocasiones (EL HERALDO, 15 de marzo de 2015), “el derecho” –¿que él practica?– “no tiene nada que ver con la moral”.

@Catalinapordios