Con el paro de camioneros quedó demostrado que la agricultura es la principal actividad económica damnificada de tal situación. Esta realidad, provocada por la débil institucionalidad que regula el funcionamiento de las actividades conexas a la agricultura, hace que esta sea menos competitiva.
En este caso, el paro de transportadores de productos agrícolas, ha generado pérdidas por más un billón de pesos para la economía colombiana y ha contribuido al incremento de los precios de bienes en los centros urbanos, tal como se registró con la variación del IPC de 0,48% en junio de 2016, frente al incremento de 0,10% sucedido en este mismo periodo de 2015.
Hasta el momento, las dos posiciones reveladas en la negociación del paro son claramente opuestas, lo que hace evidenciar una ausencia de solución en el corto plazo. La posición de los camioneros es considerar una tarifa mínima obligatoria por ruta a partir de la definición de una cesta de insumos básicos (llantas, peajes y combustible), lo cual les permitiría prestar el servicio de transporte de mercancías de forma eficiente.
Sin embargo, para los generadores de carga, esta alternativa se convertiría en un obstáculo para competir en los mercados destinos de sus productos, en la medida que el flete sería incrementado periódicamente, dada su alta dependencia con el precio de los combustibles, lo que hace suponer mayores costos de transporte, siendo trasladados a los consumidores finales a través de mayores precios de los bienes agrícolas.
La segunda posición, donde converge el gobierno y los generadores de carga, es dejar que el mercado fije la tarifa por ruta a partir de la interacción de oferta y demanda, lo que supone que dada la sobreoferta de camiones, los costos por ruta resultarían inferiores frente a la posibilidad de fijarlos a través de un mecanismo de regulación. Y esto podría traducirse en una mayor competitividad de los productos agrícolas, a través de bajos precios.
La solución a esta problemática —generada por la ausencia de reglas de juego transparentes— demanda de mucha imaginación para conciliar intereses económicos opuestos, que además de incrementar los conocidos costos de producción, inciden en la aparición de costos de transacción producto del conflicto entre gobierno y camioneros, que en sumatoria hacen menos competitivos los bienes agrícolas.
*Profesor del IEEC, Uninorte. Las opiniones expresadas aquí son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen la posición de la Universidad ni de El Heraldo.