La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, se unió a la ola de críticas que ha recibido el Gobierno Nacional luego de que se hiciera oficial el decreto de emergencia económica.
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La política, ex precandidata presidencial, incluso radicó ante la Corte Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra la medida, según anunció por medio de una publicación en su cuenta de X.
“Acabo de radicar ante la Corte Constitucional acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno Petro declaró un estado de emergencia económica y social sin cumplir los requisitos del artículo 215 de la Constitución”, se lee en el mensaje de Cabal.
Argumentó que “la emergencia no puede usarse para corregir errores de planeación ni para imponer por decreto lo que el Congreso negó democráticamente. El déficit fiscal y el hundimiento de una ley de financiamiento no son hechos sobrevinientes ni imprevisibles”.
Por último, indicó que la Corte “proteja la separación de poderes y el bolsillo de los colombianos saqueado por el gobierno socialista de Petro”.
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El decreto en cuestión es el 1390 de 2025, en el que el gobierno del presidente Gustavo Petro declara la polémica emergencia económica en el país durante 30 días.
El Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional es una respuesta al hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, que pretendía recaudar $16,3 billones faltantes en el Presupuesto de 2026.
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El documento, de 20 páginas, indica que el Estado expedirá los decretos relacionados que serían publicados en los próximos días.
El presupuesto fáctico asegura que la Nación está en “incapacidad” de “garantizar” el “goce efectivo de algunos derechos fundamentales y la prestación de unos servicios públicos esenciales”, debido a “una situación fiscal que adquirió el carácter de grave”.
Y entre las causas enumera la necesidad de pagar la UPC, la seguridad ciudadana, la no aprobación de dos reformas tributarias sucesivas, la ola invernal, los subsidios de energía, el pago de las vigencias futuras, la regla fiscal, las medidas de los Estados Unidos y las restricciones en la caja de la Tesorería.
