La designación del Clan del Golfo como organización terrorista extranjera por parte del Gobierno de Estados Unidos sucede en un momento de alta tensión diplomática con Colombia y mientras el Ejecutivo de Gustavo Petro mantiene acercamientos con ese grupo armado para una negociación de paz.
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El Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), es la mayor organización criminal del país, con cerca de 9.000 integrantes.
Según una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), el Clan del Golfo tiene presencia en 302 de los cerca de 1.100 municipios de Colombia.
A nivel internacional, controla rutas de tráfico de drogas y migrantes en la frontera colombo-panameña y ha subcontratado redes criminales en Panamá para el almacenamiento y envío de estupefacientes.
El gobierno de Petro inició en septiembre pasado en Doha conversaciones con el Clan del Golfo, con el acompañamiento y apoyo internacional de Catar, España, Noruega y Suiza.
No se trata de un proceso de paz clásico, sino de un diálogo socio-jurídico orientado al sometimiento a la justicia y al desmantelamiento de las economías ilegales del grupo, en el marco de la política de paz total.
En una primera fase, las partes acordaron un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios de Antioquia y Chocó, que posteriormente fue ampliado a otros diez en los departamentos de Córdoba, Antioquia y Bolívar.
El proceso ha avanzado pero todavía carece de un marco jurídico por las diferencias sobre los alcances del sometimiento.
Desde el regreso de Donald Trump a la Presidencia, Estados Unidos ha designado como organizaciones terroristas a varios carteles y bandas criminales de América Latina.
El Clan del Golfo se sumó el pasado martes a esa lista, convirtiéndose en el cuarto grupo armado colombiano incluido junto al ELN, la Segunda Marquetalia y el EMC.
La inclusión equipara legalmente al Clan del Golfo con organizaciones como el Tren de Aragua o el Cartel de Sinaloa y conlleva la congelación de activos, sanciones financieras y la posibilidad de procesar penalmente a quienes apoyen directa o indirectamente al grupo.
La decisión coincide con un deterioro de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, marcado por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico oriental como parte de una campaña antidrogas por la que han sido hundidas al menos 26 lanchas, supuestamente, cargadas con drogas y han muerto unos 90 tripulantes.
