A través de un comunicado de prensa, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada informó que cerró el año 2025 con un balance que resalta mayores controles, fortalecimiento institucional y avances en la legalidad de un sector que representa cerca del 2,5 % del Producto Interno Bruto (PIB), genera más de 350.000 empleos directos y agrupa a más de 1.500 empresas en todo el país.
Durante el año, la entidad intensificó las labores de inspección, vigilancia y control en el territorio nacional, realizando 137 visitas integrales a empresas del sector.
Estas acciones derivaron en la incautación de 166 armas y en una presencia más activa del Estado en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Ibagué, Pasto y Sincelejo.
“Ha sido un año de mucho trabajo y de grandes esfuerzos. Podemos hablar de la reglamentación de la Ley Lorenzo, de la actualización de la tarifa mínima de vigilancia y seguridad privada, del fortalecimiento de los sistemas de información y del aumento de las visitas de inspección a empresas a lo largo y ancho del país”, señaló el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Larry Sadit Álvarez Morales.
Uno de los hitos más relevantes del año fue el proceso de verificación y control de las armas autorizadas a las empresas de vigilancia privada, luego de la denuncia realizada por el presidente Gustavo Petro sobre la existencia de cerca de 60.000 armas sin información clara en los sistemas de la entidad.
Según explicó Álvarez Morales, la Supervigilancia adelantó un rastreo exhaustivo de los seriales, en coordinación con el sector defensa y el Departamento de Control y Comercio de Armas.
“Hoy puedo dar un parte de total tranquilidad al país: el 100 % de los seriales fue revisado en un ejercicio articulado con el sector defensa”, afirmó el superintendente.
“Las entidades del sector estamos trabajando de manera articulada para garantizar mejores condiciones de seguridad para los colombianos y colombianas”, agregó.
