En medio de un escenario político marcado por la incertidumbre jurídica, el aumento de la violencia y el desorden en las reglas del juego electoral, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, advierte que Colombia afronta un complejo camino de cara a los comicios del 2026. Además, en entrevista con EL HERALDO, la observadora aseguró que la región Caribe no es el territorio donde se producen mayores delitos electorales.
¿Cómo vislumbran ustedes desde la MOE el camino electoral hacia las presidenciales y el Congreso en 2026?
Entregamos el sexto informe sobre el avance de la organización electoral en la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral. Allí presentamos ocho aspectos con recomendaciones sobre lo que se debe trabajar para las próximas elecciones. Quiero destacar tres.
El primero está relacionado con la consulta del Pacto Histórico. Señalamos la falta de definición sobre la personería jurídica del Pacto y la incertidumbre frente al alcance jurídico de las consultas.
Pedimos resolver con urgencia esa incertidumbre para que los ciudadanos y los candidatos sepan qué decisiones se tomaron, qué impacto tienen y cuáles serán las reglas de las consultas de marzo. Se necesita seguridad jurídica y certeza sobre las decisiones del Consejo Nacional Electoral.
El segundo tema es la seguridad y la violencia. Entre el 8 de marzo y el 8 de septiembre registramos 222 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. La violencia contra liderazgos políticos aumentó 33 % frente al mismo periodo preelectoral de 2021. Y del total de hechos, el 61 % corresponde a liderazgos políticos.
También documentamos seis secuestros. El departamento del Cauca es uno de los más críticos, igual que la circunscripción transitoria especial de paz número uno (Nariño, Cauca y Valle), donde se concentra un número importante de casos.
El tercer tema es la falta de transparencia en el cumplimiento de las reglas de campaña y financiación política. Al 3 de noviembre no estaba habilitado ningún sistema de consulta sobre financiación de campañas por parte del CNE.
Desde la MOE hemos rastreado gastos en redes sociales de 42 precandidatos por cerca de 800 millones de pesos entre el 8 de marzo y el 3 de octubre, y es evidente la propaganda extemporánea. Por eso invitamos a la Procuraduría a convocar una mesa técnica con Defensoría y CNE para revisar qué está pasando.
Vimos recientemente un evento multitudinario de Abelardo De La Espriella, quien aún está recogiendo firmas. ¿Cómo analiza este tipo de actos?
No nos referimos a un caso o candidatura particular. Si fuera un hecho aislado, se lo señalaríamos directamente a la Procuraduría o al CNE. Lo que vemos es que pareciera que ya estuviéramos en plena campaña presidencial: hay eventos, anuncios, publicidad y gastos extemporáneos, pese a que ni siquiera han empezado formalmente las campañas ni la inscripción de candidaturas. Es fundamental que quienes aspiren a ser candidatos conozcan las reglas electorales.
Aquí uno no sabe si se trata de desconocimiento de las normas, de una violación consciente o de falta de información para ciudadanos y autoridades. Pero el mensaje es claro: si alguien no cumple las reglas en campaña, ¿qué podemos esperar cuando tenga poder? Ese es un punto clave en la discusión democrática.
En ese escenario, varios ministros del Gobierno también han sido cuestionados por participación en política...
Compartimos la preocupación de la Procuraduría. Colombia tiene una restricción a la participación en política de funcionarios públicos. No existe una ley que la desarrolle, pero la prohibición está. El Gobierno, como los anteriores, pudo haber propuesto una ley clara si quería reglas más flexibles; como no existe, lo que hay es una restricción general.
El problema es que si desde los más altos cargos no se respeta la prohibición, ¿qué impedirá que en unos meses tengamos alcaldes, gobernadores, secretarios de despacho, todos metidos en campaña? Las reglas son para todos. Y un escenario donde 1.103 alcaldes y 32 gobernadores, con todas sus secretarías, estén encampañados sería caótico. El poder administrativo tiene enorme capacidad de movilización y ese no es el camino que debe tomar la democracia.
En años anteriores el principal riesgo electoral era la seguridad. ¿Cómo evalúan ese tema hoy?
La seguridad sigue siendo un telón de fondo fundamental. Hemos insistido en que debe haber alineación entre la política de paz, la política de seguridad y la estrategia electoral. Si esos tres componentes no se articulan, habrá problemas.
Hoy hay más de 100 expresiones armadas en el país con distintos niveles de poder. En algunas regiones hay confrontación entre disidencias, entre disidencias y Clan del Golfo, o entre el Clan y grupos de narcotráfico. Todo esto atravesado por economías ilegales.
No hablamos de pocos territorios: también afecta las circunscripciones de paz. Después del Acuerdo de 2016 no se avanzó lo suficiente en políticas públicas para garantizar gobernabilidad democrática y esos territorios volvieron a ser escenario de confrontación armada.
Finalmente, ¿qué diagnóstico hacen sobre la región Caribe? Históricamente se denuncian prácticas como compra y trasteo de votos...
Estamos haciendo seguimiento a la inscripción de cédulas. Entre el 8 de marzo y el 8 de octubre se inscribieron más de 335 mil ciudadanos. De los 84 municipios con niveles de inscripción por encima del promedio, solo uno de la Costa Caribe —La Jagua del Pilar— aparece entre los primeros 28.
A veces se cree que estas prácticas son exclusivas de la Costa, pero no es así. Puede que allá sean más visibles o mejor cubiertas por el periodismo, pero cuando revisamos comportamientos numéricos, encontramos irregularidades en muchas subregiones del país.
Cuando hay incrementos exorbitantes en inscripción de cédulas puede deberse a fenómenos sociales o económicos, pero también a anomalías o posibles delitos electorales como compra de votos o traslado irregular. Y eso no ocurre únicamente en la Costa, sino en distintos municipios.
