Desde ahora, los menores de edad en Colombia podrán recibir con mayor rapidez los recursos destinados a su manutención. Esto gracias a la Ley Sarita, una reforma legal que modifica el Código General del Proceso y que fue impulsada por el Partido Conservador, avalada por el Congreso de la República y sancionada por el presidente Gustavo Petro.
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La norma elimina los retrasos judiciales que impedían el acceso oportuno a las cuotas alimentarias. Hasta antes de esta reforma, cuando se ordenaba el embargo de salario o pensión a un progenitor moroso, los dineros quedaban bloqueados en títulos judiciales depositados en el Banco Agrario, que solo podían ser entregados una vez emitida la sentencia definitiva.
Con el nuevo marco, los jueces de familia están facultados para autorizar la entrega anticipada de los recursos embargados, incluso durante el proceso, garantizando el sustento inmediato de los menores.
Cambios en el Código General del Proceso
La Ley Sarita introduce importantes ajustes en la legislación:
- Elimina el parágrafo 2º del artículo 397 del Código General del Proceso.
- Crea el artículo 397A, que permite a representantes legales, defensores de familia, el Ministerio Público o cuidadores iniciar las acciones necesarias en casos de incumplimiento.
- Ordena que los jueces entreguen de forma sucesiva y permanente los valores embargados para cubrir las cuotas alimentarias.
Adicionalmente, la norma contempla informes semestrales sobre el cumplimiento de estas disposiciones y sanciones disciplinarias para los funcionarios judiciales que retrasen la entrega de recursos.
El caso que dio origen a la ley
El nombre de la ley surge del caso de Sara Guiselle, una niña con discapacidad que debió esperar más de un año y medio para recibir el dinero embargado a su padre. Su situación se convirtió en símbolo de la reforma, tras evidenciar la urgencia de corregir un sistema que dejaba a miles de menores sin acceso a su sustento básico.
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La historia de Sara motivó a la senadora Liliana Bitar, del Partido Conservador, a impulsar el proyecto con carácter restaurativo, buscando que la entrega de las cuotas se haga de manera rápida y efectiva.
En el país existen más de 55.000 procesos ejecutivos de alimentos activos, según cifras citadas en el trámite legislativo. Con la entrada en vigencia de la Ley Sarita, se espera que miles de niños, niñas y adolescentes puedan acceder sin demoras a los recursos que garantizan su mínimo vital.
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El proceso de formulación de esta ley también contó con el apoyo del consultorio jurídico de la Universidad Militar, que identificó la magnitud del problema en los procesos de alimentos y contribuyó en la actualización normativa.
