Una jueza penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, y otras siete personas que estarían implicadas en el escándalo de corrupción de la Ungrd.
Leer también: Menor de edad involucrado en atentado contra Miguel Uribe se fugó de un centro del ICBF
“Los demás afectados con la decisión son el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros Barbosa y su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández, quien era contratista de la Ungrd; el representante legal y el jefe de ventas de la Corporación Mixta Yupurutu, Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, respectivamente; el asesor de la Dirección de la Función Pública, Jorge Aristizábal Rodríguez; y el contratista de la Ungrd, Óscar Enrique Cárdenas Angulo”, se lee en el comunicado.
La Fiscalía imputó a Manrique Soacha y a los demás señalados involucrados en el entramado de corrupción, de acuerdo con su posible participación en los hechos, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
“El exdirector de la Función Pública facilitó y gestionó la entrega de $100.000 millones de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. A cambio de esta labor, solicitó la entrega a personas específicas de los contratos que surgieran de estos recursos. En ese sentido, los demás investigados habrían intervenido en el direccionamiento de contratos relacionados con la compra de 40 carrotanques pequeños, suministro de plantas desalinizadoras, la puesta en funcionamiento de pozos de agua potables, las interventorías de estos y una prestación de servicios de topografía a nivel nacional”, indicó el ente acusador.
Importante: Hijos del expresidente Uribe manifestaron respaldo a su padre tras condena de primera instancia
De acuerdo con las pesquisas, el contrato asociado con el suministro de carrotanques para llevar agua potable a comunidades indígenas en La Guajira se suscribió en octubre de 2023, por $29.000 millones, con la Corporación Mixta Yapurutú. Aquí fueron detectados presuntos sobrecostos por $13.164 millones, de los cuales $3.000 millones habrían sido entregados a Manrique Soacha, $2.060 millones a Riveros Rey y 6.380 millones quedarían en manos de los directivos de Yapurutú.
