La Corte Suprema de Justicia emitió un concepto desfavorable frente al proyecto de ley que proponía otorgar beneficios jurídicos a cabecillas de organizaciones criminales en el marco de la política de ‘Paz Total’. La decisión fue celebrada por el senador Mauricio Gómez Amín, quien desde el inicio expresó reparos al articulado.
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El legislador del Partido Liberal sostuvo que la postura del alto tribunal representa una defensa clara del orden jurídico frente a lo que considera una tentativa de justificar el delito a través de mecanismos sin sustento legal ni institucional. “La Corte Suprema cumplió con su deber: proteger la legalidad y la dignidad del Estado de derecho”, declaró.
La iniciativa legislativa, promovida por sectores afines al Gobierno, buscaba incorporar elementos propios de la justicia transicional a procesos judiciales relacionados con estructuras delictivas sin carácter político.
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Sin embargo, la Corte cuestionó la falta de claridad en su formulación, la ausencia de un análisis técnico riguroso y la insuficiente discusión previa con los actores del sistema judicial.
Durante su intervención ante el Consejo Superior de Política Criminal, la presidenta del alto tribunal subrayó que el proyecto carecía de estudios detallados sobre su viabilidad fiscal y operativa, al tiempo que trasladaba nuevas cargas a la justicia ordinaria sin prever los recursos necesarios.
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La Corte también advirtió que la iniciativa confundía figuras propias de la justicia transicional con asuntos de seguridad pública como el manejo de protestas sociales, lo cual abría la puerta a interpretaciones riesgosas.
La paz no se construye con impunidad.Mauricio Gómez Amín
Ante ese panorama, Gómez Amín insistió en que la lucha por la paz debe ir de la mano con el respeto a las víctimas y a la institucionalidad. “El rechazo a ese nefasto proyecto es una victoria para las víctimas y para quienes creemos que la paz no se construye con impunidad”, dijo el senador barranquillero, quien cerró su pronunciamiento con una crítica directa: “No se puede legitimar el crimen organizado bajo el disfraz de reconciliación. ¡Aplaudimos esta postura!”.
El fallo representa un revés para los impulsores del proyecto en el Ejecutivo, que lo veían como una herramienta complementaria a la Ley 2272 de 2022, eje normativo de la política de ‘Paz Total’. Desde distintos sectores del Congreso y la rama judicial, sin embargo, se insiste en que la consolidación de la paz no puede implicar el debilitamiento de la justicia.
