Durante una audiencia de cuatro horas, la Fiscalía General de la Nación presentó las pruebas que vinculan a Elder José Arteaga Hernández, conocido como ‘El Costeño’ o ‘Chipi’, como el cerebro logístico del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay ocurrido el pasado 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá.
El acusado, quien permanece recluido en uno de los calabozos más seguros del búnker de la Fiscalía, escuchó atentamente cómo el ente investigador detalló minuto a minuto la planificación y ejecución del ataque que puso en riesgo la vida del precandidato presidencial.
Según informó Noticias Caracol, la investigación reveló que Arteaga Hernández era un sicario activo de una organización criminal cuyo nombre no fue divulgado durante la audiencia. Su función dentro de la banda incluía la coordinación del traslado de armas y la logística para la comisión de homicidios en diferentes sectores de la capital, especialmente en barrios como La Estanzuela, Las Cruces y Teusaquillo.
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Para ocultar sus actividades delictivas, ‘El Costeño’ trabajaba como barbero en El Muelle, en Engativá, el mismo barrio donde fue capturado después de permanecer escondido durante varias semanas tras el atentado.
Según el testimonio de Katherine Martínez, alias ‘Andrea’, Arteaga tenía una estrategia específica para el reclutamiento del ejecutor del atentado. El coordinador criminal había manifestado su interés en encontrar un menor de edad, preferiblemente entre 14 y 15 años, argumentando que “así no iba a ir a juicio como adulto, sino que iba a ser tratado en la jurisdicción de menores”.
La premeditación del ataque incluyó la modificación del arma homicida. Un dictamen pericial determinó que la pistola Glock de 9 milímetros utilizada presentaba alteraciones en el seleccionador de disparo, lo que incrementaba significativamente su capacidad letal.
Momentos antes del atentado, mientras se encontraban en el vehículo Spark gris, ‘El Costeño’ tranquilizó al menor diciéndole: “Tranquilo que cuando pase el hecho lo van a recoger y que no hay ningún problema, porque él tiene contactada ya la Policía y que le van a dar cinco minutos de espera para que salga”.
Posteriormente, Arteaga confesó a Katherine Martínez que “eso no es cierto, que él no tiene contactada la Policía, sino que era para que el menor fuera tranquilo a cometer el hecho”. Incluso, según trascendió en la audiencia, el coordinador esperaba que el joven perdiera la vida tras ejecutar el ataque.
Además del pago por Nequi del servicio de moto que realizó el menor que disparó al llegar a Modelia, la Fiscalía reveló una segunda transferencia que terminó por exponer la identidad de ‘El Costeño’. Minutos antes del atentado, Arteaga pagó alimentos para el menor a través de la aplicación financiera.
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La empleada del establecimiento capturó una pantalla del pago, imagen que al ser analizada por las autoridades reveló que quien realizaba la transacción era Elder José Arteaga, proporcionando una prueba contundente de su participación en los hechos.
Carlos Mora González, conductor del Spark gris, fue detenido en un retén policial en Bogotá. Al momento de su captura, manifestó que sabía la razón del operativo y expresó su intención de colaborar con las autoridades entregándose voluntariamente.
Katherine Martínez fue identificada gracias a un policía que la había judicializado días antes del atentado por daños en bien ajeno en el sur de la ciudad. Tras la difusión de los videos del atentado en medios de comunicación, el agente la reconoció, facilitando su identificación y posterior reconocimiento fotográfico.
La fiscal del caso advirtió sobre el peligro que enfrentan los implicados por posibles represalias de la organización criminal. Tanto Mora como Martínez han solicitado protección para ellos y sus familias, describiendo a la estructura como “muy peligrosa con muchos alcances”.
Durante su intervención, la representante del Ministerio Público también hizo referencia al estado de vulnerabilidad en que se encontraba el precandidato el día del atentado, mencionando las alertas que había emitido a la Unidad Nacional de Protección (UNP) sobre su situación de riesgo, elemento que la Fiscalía considera fundamental para establecer la motivación política del ataque.
