Gregorio Eljach se ha convertido en una de las figuras políticas más relevantes del actual momento de crispación institucional o marcado deterioro de las relaciones entre los poderes públicos. En el ejercicio de su cargo ha dirigido sus dotes de buen componedor para ser la bisagra de diálogo entre sectores antagonistas, obligados a estar cerca y, en lo posible, a entenderse por el bien de la nación.
Con su habitual desparpajo Caribe celebra la buena hora, el pleno funcionamiento de las instituciones que con sus decisiones, dice, demuestran independencia, resuelven diferencias con reglas de juego claras y le recuerdan al país que a los funcionarios públicos solo se les permite hacer lo que les determina la ley, porque ningún poder es omnímodo. Sin relativizar su inquietud por las elecciones de 2026, en las que trabaja en armonía con el resto del Estado para que sean libres y transparentes, confía en que el Gobiernos garantizará su normalidad y la protección de candidatos.
¿Qué comentario le merece el anuncio del Gobierno de impulsar una ‘papeleta constituyente’ en las elecciones a Congreso en 2026?
El país puede acudir a una asamblea constituyente en el momento en que se genere el consenso para ello. La Constitución estableció un camino claro para acudir a ese instrumento cuando se quieran hacer reformas. Se requiere, entre otras, que sea convocada mediante una ley aprobada por el Congreso de la República. Ya estamos dentro del año electoral, a nueve meses de las elecciones legislativas y a menos de un año para la presidencial, y creo que la prioridad debe ser garantizar elecciones libres y transparentes en el 2026.
El Consejo de Estado dictó una medida cautelar y suspendió el ‘decretazo’ de Petro, ¿qué le parece la posición adoptada por el alto tribunal que pone las cosas en su lugar?
Colombia tiene instituciones sólidas y eso quedó claro, una vez más, cuando el Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto por medio del cual el presidente convocaba a la consulta popular. La justicia es el árbitro natural para resolver las diferencias que surjan entre las otras dos ramas del poder público: el Ejecutivo y el Legislativo. Además, el Congreso aprobó la reforma laboral y el jefe de Estado derogará el decreto. Así que estamos en una buena hora de las instituciones.
¿Qué investiga la Procuraduría en las rúbricas de los ministros del decreto de la consulta popular?
A la Procuraduría General llegaron solicitudes para que se investigue la conducta de los ministros que firmaron el decreto. Hemos procedido a abrir, de acuerdo con la ley, unas indagaciones y estamos recaudando pruebas para establecer si incurrieron en alguna acción disciplinable o no. Será la investigación la que determine los hechos y las acciones a las que haya lugar.
¿Cómo vio la respuesta del registrador en el embrollo jurídico que se armó por el decreto de la consulta popular y la respuesta de confrontación del ministro del Interior que lo llamó “operador logístico”?
La tormenta desatada por la convocatoria de la consulta popular se acabó. El registrador nacional ha estado apegado a la ley y la Constitución. Él solicitó tramitar una consulta para ante el Consejo de Estado, dentro de sus competencias y luego ese tribunal ordenó la suspensión provisional del decreto que la convocaba. Seguramente el Consejo de Estado tomará una decisión final sobre el tema, que será un buen precedente, pero ya no habrá consulta y el presidente dijo que derogará el decreto.
A propósito del jefe de Estado, ¿está siendo respetuoso con los demás poderes públicos y sus principios de autonomía e independencia?
El Presidente de la República, como los demás líderes del Estado, tiene libertad de proponer, pero las acciones tienen que implementarse siempre dentro de la ley y la Constitución. Tenemos que recordar un principio importante en estos tiempos y es que a los funcionarios públicos solo se nos permite hacer lo que nos determina la ley. El jefe de Estado no ha quebrantado el ordenamiento jurídico. Ningún poder es omnímodo. La existencia de pesos y contrapesos institucionales es una de las excelencias de la democracia. Si el presidente o cualquier funcionario público toman una decisión que no se ajusta la ley, pues la justicia interviene y eso es lo que está ocurriendo en este momento.
¿Cuál es su lectura del trámite de la reforma laboral aprobada finalmente por Senado y Cámara en conciliación frente al discurso de supuesto “bloqueo institucional” que enuncia el Gobierno?
Las instituciones colombianas están en pleno funcionamiento y, por supuesto, el Congreso de la República lo está. Allí lo natural es que surjan diferencias, discusiones, a la hora de tramitar los proyectos de ley de reforma constitucional. Es lo obvio. Y la ley ha reglado las maneras para ponerse de acuerdo. Veo con satisfacción que los sectores en contradicción lograron el consenso en torno a unos temas fundamentales sobre esa ley que hoy es una realidad con el apoyo de la mayoría de las bancadas. El Congreso es un escenario legítimo creado para resolver diferencias políticas con reglas de juego claras.
¿Cuál es su opinión sobre la decisión de la Corte Constitucional que se aleja de los extremos, opera acorde con la arquitectura institucional del país y devuelve la reforma pensional a la Cámara?
Celebro que cada día haya nuevas expresiones dentro de la necesaria colaboración armónica entre todos los poderes públicos, que es lo que la Constitución ordena. En el caso de la ley pensional han intervenido el Ejecutivo, el Congreso y la Corte Constitucional, haciendo cada uno lo suyo. Lo que a cada quien corresponde. Como tuve oportunidad de observar, en la Cámara de Representantes hubo un déficit de trámite de la ley y la Corte Constitucional ha considerado que esos errores son subsanables y devolvió el proyecto para su correcta aprobación.
Una vez más tengo que resaltar la importancia de la independencia de las ramas del poder público, siempre trabajando en armonía. Esa es la democracia. Este es un momento en que la historia colombiana nos ha puesto a todos a aprender democracia, a repasar las nociones básicas de la separación de poderes con el sistema de pesos y contrapesos.
¿Qué impresiones le deja la gestión de la Iglesia para disminuir las tensiones entre los poderes públicos y políticos de la nación, y cómo asegurarse de que funcionen los compromisos?
La decisión de la Iglesia católica de convocar a las cabezas de las tres ramas del poder público y de los órganos de control, en busca de qué todos mejoremos el clima de la democracia fue un acierto. Sobre todo en un momento en el que nos preparamos para ir a unas elecciones en las que se elegirá al nuevo Congreso de la República y a la persona que estará al frente del destino de la nación.
Debemos mantener esa sinergia e invitar a otros sectores clave, como la academia, los medios de comunicación y los empresarios a aportar en el logro del objetivo. Desde que asumí como Procurador comencé a trabajar en la creación de un clima de diálogo constante para construir consensos entre todos los sectores de la sociedad y del Estado. Es lo que necesitamos y estamos haciendo.
¿Cómo van las pesquisas sobre el atentado a Miguel Uribe sobre al papel que jugó la UNP y/o la Policía y demás entes de la fuerza pública e incluso el Ministerio del Interior, en relación con las garantías de seguridad que debía tener el precandidato presidencial opositor?
Es la Fiscalía General de la Nación la autoridad legítima que investiga este hecho reprobable. Dejemos que la Fiscalía avance y entregue resultados muy prontamente a los colombianos, que se capture a los responsables y se les aplique la ley, para que los criminales tengan claro que las instituciones son más fuertes que sus acciones.
En cuanto a la Procuraduría tenemos 4 líneas de trabajo en este caso: una tiene que ver con la protección de los derechos del menor que participó en el atentado; la Procuraduría también interviene en el proceso penal por mandato de la ley; actuamos como poder preferente en la investigación de los integrantes de la Policía, y hay un proceso disciplinario contra funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
¿Qué se debe hacer para que partidos políticos independientes y de oposición gocen de garantías electorales y de seguridad en medio del clima de amenazas de violencia en el país?
Le corresponde al Gobierno y a todas las autoridades trabajar intensamente para garantizar que el proceso electoral transcurra en completa calma. Puede que haya amenazas, siempre las ha habido, pero el Estado, las instituciones, las autoridades todas y la sociedad civil tienen que convertirse en un muro contra ellas. Los candidatos deben contar con la mejor protección y este asunto no puede estar en discusión. El Gobierno tiene que asegurar esa protección y nosotros estamos muy vigilantes para que se cumpla esa exigencia.
El país está apreciando una alta participación en política del Gobierno nacional y sus funcionarios. ¿Qué mensaje envía la Procuraduría para evitar que se use o abuse del aparato del Estado para la campaña?
Preservar la democracia, la institucionalidad, es para el Procurador General de la Nación, uno de los asuntos fundamentales por atender en estos momentos. Estamos trabajando de la mano con el Registrador Nacional del Estado Civil y el Contralor General de la República, para garantizar que el proceso electoral transcurra en completa calma, en plena paz y armonía. La Procuraduría está vigilante para asegurar que todos respetemos las reglas.
Tuve que suspender a un alcalde y acabo de declarar insubsistentes los nombramientos de funcionarios de la Procuraduría que se estaban saliendo del carril por intervenir indebidamente en política. Estamos trabajando desde la Procuraduría con la creación, por primera vez, de la Delegada para Asuntos Electorales, en la implementación de una estrategia que llamo Paz Electoral, dirigida a que todos los ciudadanos se sientan seguros en este proceso electoral.
Trabajamos en un compromiso con el Registrador, con el señor Contralor General de la República, con todas las autoridades, con los medios de comunicación, la academia y los líderes de la sociedad civil, para que todos respetemos las elecciones. Y el que se salga del carril, quien quiera que sea, se va a topar con una acción disciplinaria fuerte de la Procuraduría en el ejercicio de la ley.
¿Bajo qué motivaciones la Procuraduría acompañó la suspensión del cobro de valorización a los predios en la zona de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad?
Por varias razones: no se socializó con las comunidades y podría haber impactos económicos y sociodemográficos para ellas; no se ha garantizado que los recursos que capten se vayan a invertir en las zonas de influencia; la medida no tiene un soporte jurídico sólido, y porque debería primero ejecutarse la obra y luego sí procederse al cobro, si es del caso.
La crisis de hacinamiento en cárceles y estaciones de Policía del Atlántico sigue sin solución. ¿En qué están trabajando?
Actualmente el hacinamiento en los dos establecimientos de reclusión de orden nacional (ERON), ubicados en Barranquilla, llega al 78,4%. El hacinamiento en los centros de detención transitoria del departamento se promedia en 140,91%.
La Procuraduría profirió auto de apertura de investigación disciplinaria, con fecha de 19 de mayo de 2025, en contra de funcionarios de la Gobernación por la presunta omisión e inobservancia de la Ley 2346 de 2024, por la no presentación del plan de implantación del servicio de alimentación en centros de detención transitoria. También vigila la celebración de los convenios interadministrativos con el INPEC a fin de que las personas privadas de la libertad, sindicados, que estén en las estaciones de policía de municipios, sean recibidos en establecimientos carcelarios a cargo de la nación. Se han suscrito seis convenios con Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia, Malambo y Galapa.
Además, se adelantaron acciones ante la USPEC y el INPEC para la puesta en funcionamiento de los tres nuevos módulos que fueron construidos en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Barranquilla “El Bosque”, los cuales fueron diseñados para albergar 170 personas privadas de la libertad cada uno, es decir 510 personas en total. Confiamos en que estas medidas incidan en la reducción del hacinamiento en estaciones de policía o centros de reclusión no administrados por la nación.
