El partido Conservador rechazó en la tarde de este martes las declaraciones de Armando Benedetti, ministro del Interior, en contra de Hernán Penagos, registrador nacional, a quien catalogó de ser solamente “un operador logístico” en el marco de la discusión sobre la legitimidad de convocar la consulta popular.
Cabe recordar que Penagos dejó en manos de las altas cortes el futuro de la iniciativa convocada por el Gobierno de Gustavo Petro.
Ante esto, la bancada azul señaló que “el poder electoral debe preservar su independencia y no puede ser instrumentalizado por ninguna rama del poder público. Pretender reducir su función a la de un mero operador logístico no solo representa un irrespeto, sino que evidencia un profundo desconocimiento de la relevancia y el peso de esta institución, pilar fundamental de la democracia”.
Renglón seguido, el partido Conservador señaló que el único poder con la facultad de determinar la legalidad de una consulta popular “es el poder judicial”.
“Por tanto, acudir a este es un acto de respeto a la Constitución y al Estado social de Derecho. Pretender lo contrario resulta autoritario y socava los principios democráticos que sustentan nuestra institucionalidad”, indicaron.
“Expresamos nuestra plena solidaridad y respaldo institucional al registrador Hernán Penagos, y exhortamos a la justicia a que se pronuncie para dilucidar este asunto, permitiendo que la Registraduría ejerza plenamente sus competencias con autonomía y en defensa de la voluntad popular”, agregaron.
Desde que Petro convocó la consulta popular, el pasado 11 de junio, le han llovido críticas y demandas ante el Consejo de Estado (máxima autoridad de lo contencioso administrativo) y la Corte Constitucional, entre otras instancias, por parte opositores y juristas que consideran esa medida inconstitucional.
“En el Consejo de Estado hay cerca de diez acciones de nulidad simple contra el Decreto 639 que convoca la consulta popular, 34 acciones de nulidad por inconstitucionalidad y 97 tutelas (recursos de amparo), varias de ellas que ya fueron admitidas”, dijo el registrador.
Penagos añadió que “en la Corte Constitucional cursan once demandas de inconstitucionalidad” y la propia Registraduría ha recibido “diferentes solicitudes, seis de ellas solicitando la excepción de inconstitucionalidad (...) y múltiples derechos de petición en relación con la convocatoria”.
