El proceso en Guatemala contra el ex ministro de Defensa y actual embajador de Colombia en el Vaticano, Iván Velásquez, y la fiscal Luz Adriana Camargo, se origina entre 2014 y 2019, cuando el exministro fue la cabeza de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, de la ONU, y la fiscal fue la jefe de investigaciones de este grupo que logró numerosas condenas por corrupción en el país centroamericano.
Esto luego de que en 2016 se conociera el escándalo de Odebrecht, de sobornos en gobiernos de varios países latinoamericanos para lograr contratos de obras públicas, y las Naciones Unidas establecieron que la Cicig apoyaría a las autoridades del país centroamericano para condenar a quienes hicieron parte de la trama de corrupción de la constructora brasilera.
Velásquez y Camargo tuvieron que ver con decisiones investigativas en un caso de defraudación aduanera en el que se señalaron a 22 personas que presuntamente hacían parte de la Banda La Línea, entre ellos Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti; también hubo pesquisas contra la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con la empresa farmacéutica PISA.
De igual modo fueron condenados por supuesta corrupción el expresidente Otto Pérez y su exvicepresidenta Roxana Baldetti en el caso de la Banda La Línea. Y así mismo cayeron siete exministros de Guatemala y varios diputados y empresarios.
Además, hubo sanciones a la actual fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y a varios de sus subalternos, entre ellos el fiscal Rafael Curruchiche, que hoy acusa a Velásquez y Camargo.
“La UE ha expresado reiteradamente su preocupación por el continuo mal uso e instrumentalización del sistema de justicia de Guatemala, en particular los continuos esfuerzos por anular los resultados electorales de 2023 y los continuos ataques contra el gobierno elegido democráticamente”, señaló la Unión Europea en torno a este caso.
Por ello, el fiscal de Guatemala ordenó el pasado lunes la captura contra la fiscal y el exministro colombianos, incluyendo la extradición y una circular roja. Sin embargo, el gobierno de ese país rechazó la decisión del ministerio público (fiscalía) guatemalteco, pues asegura que va en contravía del acuerdo con la ONU que permitió la creación de la Cicig.
El anuncio lo hizo el fiscal Curruchiche, asegurando que la investigación está enmarcada en el caso de Odebrecht y que los delitos que se les imputan son los de “asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión”.
“La estructura criminal encabezada por el excomisionado de la CICIG Iván Velázquez Gómez favoreció a los empresarios de la constructora Odebrecht y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 3 mil millones de quetzales. El Ministerio Público reafirma su compromiso de luchar contra la corrupción e impunidad en Guatemala, y que todos enfrenten el peso de la ley”, dice el fiscal guatemalteco.
Pero el gobierno del país centroamericano indicó en un comunicado que “estas medidas carecen de sustento legal y vulneran el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicih), así como los propósitos y principios de la justicia y Derecho Internacional, contenidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos”.
En respuesta, Velásquez aseveró que “la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche —designados como corruptos y sancionados por EE. UU. y la Unión Europea— extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio”.
Importante: Gobierno de Guatemala rechaza la orden de detención contra Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo
La pesquisa anunciada por la Fiscalía de Guatemala produjo en enero de 2023 reacciones de Bogotá con el llamado a consultas del embajador, que fue respondido también con el llamado a consultas de la embajadora por parte del país centroamericano.
Además los presidentes Gustavo Petro y su homólogo guatemalteco, Alejandro Giammattei, se llamaron, palabras más palabras menos, “corrupto” y “guerrillero”, respectivamente.
La desafortunada investigación de Guatemala recibió además críticas de la ONU y los Estados Unidos, que subrayaron la inconveniencia de abrir investigaciones contra a su vez investigadores que develaron graves escándalos de corrupción de las altas esferas del poder en el país centroamericano y que además tienen privilegios de inmunidad en virtud del acuerdo con el ente multilateral y la Convención de Viena.
En ese momento, EE. UU. arremetió contra las autoridades guatemaltecas. “Tales acciones debilitan la confianza en el sistema de justicia de Guatemala”, criticó el entonces subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols.
Además, Curruchiche fue sancionado a mediados de 2022 por el ex secretario de Estado de los EE. UU., Antony Blinken, porque “obstruyó las investigaciones sobre actos de corrupción”.
