El presidente Gustavo Petro y su equipo de gobierno mantienen una dura posición frente a la decisión del Senado de la República, que el 14 de mayo pasado rechazó por 49 votos contra 47 la consulta popular propuesta para impulsar la reforma laboral.
“Hoy por hoy, la consulta popular es decretable de acuerdo con la Constitución y la ley. El poder soberano no se puede acallar en una democracia”, declaró el mandatario este domingo 1° de junio a través de su cuenta en la red social X.
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La estrategia del Ejecutivo se fundamenta en los argumentos expuestos por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien sostiene que existieron vicios de procedimiento durante la votación senatorial. Según el funcionario, la ausencia de lectura del informe de la consulta popular invalidaría la decisión legislativa.
“La Ley 5ª de 1992, en su artículo 125, dice que antes de una votación debe haber lectura de la proposición. No se leyó. Luego, entonces, el Senado no se pronunció”, argumentó Benedetti en rueda de prensa, añadiendo que desde el 1° de junio el Gobierno estaría habilitado para convocar la consulta mediante decreto.
Esta interpretación jurídica surge mientras la Comisión IV del Congreso debate nuevamente la reforma laboral, una maniobra que algunos analistas consideran un intento de evitar los costos de la consulta popular, estimados en más de 700.000 millones de pesos para la Nación.
El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, calificó la iniciativa como “un grave atentado contra el Estado de derecho y la separación de poderes”, advirtiendo que no permitirán vulneraciones constitucionales ni el desvío de recursos públicos hacia intereses políticos.
“El funcionario del Ejecutivo que pretenda suplantar de hecho a los jueces constitucionales, declarando viciado el concepto emitido por el Senado, estará cometiendo el delito de usurpación de funciones públicas”, dijo César Gaviria quien, además, advirtió que convocar la consulta por decreto constituiría prevaricato.
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El exconsejero de Estado Alberto Yepes Barreiro reforzó esta posición al explicar que “existe una presunción de legalidad sobre el acto” del Senado, y que cualquier irregularidad debe ser determinada por los jueces, no por el Gobierno. “El camino legal es presentar una nueva consulta, como ya se hizo anteriormente, y esta debe volver a tramitarse conforme a la agenda del Congreso”, concluyó.
