La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia reanudó este mes la audiencia de acusación contra el actual ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en el marco de una investigación que se remonta a su época como concejal de Bogotá entre 2008 y 2009. Este caso se enmarca en la línea de indagaciones relacionadas con el denominado carrusel de la contratación que afectó a la capital del país en la administración del exalcalde Samuel Moreno Rojas.
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La diligencia fue convocada para dar curso a las acusaciones por presunto tráfico de influencias de servidor público, conducta que la Fiscalía le imputó a Sanguino en octubre de 2024. Aunque la imputación fue presentada inicialmente ante un juzgado penal municipal, el expediente fue trasladado a la Corte Suprema en marzo de 2025, una vez el funcionario asumió la cartera de Trabajo en el gobierno del presidente Gustavo Petro, lo que le otorgó fuero constitucional.
Durante la audiencia más reciente, la Corte formuló un llamado de atención a la defensa del ministro debido a su retraso en la comparecencia. El magistrado Jorge Emilio Caldas, quien preside la Sala, pidió esperar unos minutos adicionales para que Sanguino se hiciera presente, aludiendo al impacto público del proceso.
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“La Sala considera prudente dar unos minutos para que el señor ministro se presente, dada la connotación del caso y el interés que sobre el mismo tiene la opinión pública al tratarse de un ministro de Estado”, señaló el magistrado. El ministro llegó poco después de iniciado el señalamiento.
El caso por el cual fue citado el ministro de Trabajo
La investigación se centra en hechos ocurridos durante la administración distrital de Samuel Moreno. Según el expediente, Sanguino habría intervenido ante autoridades distritales para promover el nombramiento de una persona de su confianza en la gerencia del Hospital de Usme.
De acuerdo con las pruebas recopiladas, el entonces concejal solicitó a funcionarios de la administración distrital —entre ellos el secretario de Salud de la época, Héctor Zambrano Rodríguez— que se designara a Liliana Patricia Paternina Macea como gerente del centro asistencial, lo que finalmente ocurrió.
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“Intervino ante el alcalde mayor de Bogotá Samuel Moreno Rojas y ante el secretario distrital de salud Héctor Zambrano Rodríguez, con ocasión del proceso de selección y nombramiento de los gerentes de los hospitales públicos de Bogotá, específicamente, en el del Hospital de Usme”, precisa el expediente.
Los investigadores sostienen que el nombramiento le habría permitido a Sanguino ejercer influencia sobre los procesos contractuales de ese hospital, particularmente sobre la adjudicación de un contrato de obra relacionado con la construcción y dotación de una nueva sede.
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Ese contrato, de acuerdo con la acusación, estaba destinado a beneficiar a una empresa relacionada con el empresario Héctor Julio Gómez González, quien fue condenado en 2014 por hechos ligados a la corrupción en Bogotá.
El expediente judicial señala que Sanguino habría pactado con Gómez González la entrega de una comisión del 10% del valor total del contrato como contraprestación por su intermediación. La Corte sostiene que esta actuación configuraría un beneficio económico derivado de un uso indebido de su cargo como concejal.
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Por el momento, el proceso continúa su curso en la Corte Suprema de Justicia. La defensa del ministro no ha emitido declaraciones públicas sobre el fondo del caso.
