La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González Merchán, por su presunta participación en un entramado de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
(Le puede interesar: “Si insiste en una Constitución paralela, desconoceremos su autoridad”: César Gaviria)
El proceso penal lo vincula con la entrega de contratos por $70.000 millones que habrían sido utilizados para favorecer a congresistas a cambio de respaldo a las reformas del Gobierno. Según revelaciones de la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, el exfuncionario habría impartido instrucciones directas para la adjudicación irregular de estos recursos.
De acuerdo con la Fiscalía, González Merchán habría solicitado al entonces director de la Ungrd, Olmedo López, que entregara $60.000 millones en contratos al senador Iván Name, y otros $10.000 millones al representante liberal Andrés Calle, ambos hoy detenidos.
Tras las exigencias de los congresistas, el ofrecimiento habría sido modificado por sumas en efectivo: $3.000 millones para Name y $1.000 millones para Calle, según el ente acusador.
Para ejecutar los pagos, el exdirector del Dapre habría contado con la colaboración de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, quien hoy permanece privada de la libertad por estos hechos.
Ortiz, según la versión entregada por los testigos Sneyder Pinilla y Olmedo López, habría realizado entregas de dinero desde el Hotel Tequendama en Bogotá hacia la residencia del senador Name, en dos trayectos realizados el 12 y 13 de septiembre de 2023, por $1.500 millones cada uno.
La Fiscalía sostiene que el objetivo de González era garantizar el respaldo legislativo a las reformas impulsadas por el Gobierno Petro, utilizando como moneda de cambio los recursos públicos destinados a la atención de emergencias y a comunidades vulnerables.
La fiscal Patiño afirmó que Ortiz “conocía que en acopio con González estaba traficando influencias en Olmedo López para obtener recursos ilícitos de la contratación de la Ungrd (…) en favor de Iván Name”.
La diligencia de imputación, que se realiza ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá debido al fuero del exfuncionario, se desarrolla de forma virtual. La Fiscalía anunció que pedirá una medida de aseguramiento intramural en su contra. De ser concedida, se emitiría una orden de captura, que podría escalar a una circular roja de Interpol, dado que González no se encuentra en el país y se presume que viajó al exterior semanas atrás.
Por otro lado, la defensa de González, en cabeza del abogado Iván Cancino, aseguró que su cliente no se someterá a una audiencia que considera arbitraria y por lo que no aceptó los cargos. Además, también indicó que analizará alternativas jurídicas dentro y fuera del país.
La imputación se da mientras avanza la cooperación de exfuncionarios como Pinilla y López, quienes buscan beneficios judiciales a cambio de sus confesiones. Además, la Fiscalía tiene en la mira a otras figuras como César Manrique, ya citado a imputación, y al exministro Ricardo Bonilla, pendiente de definiciones judiciales.
