La Fiscalía imputó a la ex asesora del Ministerio de Hacienda y enlace de la entidad con el Congreso de la República, María Alejandra Benavides Soto, el delito de interés indebido en la celebración de contratos en concurso homogéneo sucesivo, debido a que “habría intercedido en el trámite de proyectos por más de $89.000 millones en los que tenían interés seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público”.
Indicó el ente acusador que desde octubre de 2023 hasta marzo de 2024, la exfuncionaria “recibió la instrucción de admitir de los senadores y representantes a la Cámara que conformaban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público proyectos contractuales en los que se interesaron ilícitamente, a cambio de que concurrieran y votaran las operaciones de crédito público que el Ministerio de Hacienda había presentado al Congreso en julio del mismo año”.
Añadió el organismo que los senadores y representantes relacionaron contratos de obra en Cotorra (Córdoba), por valor de $44.552 millones; Saravena (Arauca), por $32.500 millones; y en el corregimiento El Salado del Carmen de Bolívar (Bolívar), por $12.353 millones.
“Benavides Soto habría participado en la reunión en la que se solicitó al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo de Jesús López Martínez, tramitar y celebrar los proyectos contractuales en beneficio de los parlamentarios. Adicionalmente, suministró al ex subdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, los nombres de los funcionarios de los entes territoriales y de los contratistas que referenciaron los congresistas para que iniciaran los trámites de contratación pública en su favor”, señaló la entidad de investigación penal.
Y concluyó la Fiscalía al respecto que tras las gestiones realizadas por Benavides Soto, entre otros, los integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público votaron las operaciones de crédito público puestas a consideración por el Ministerio de Hacienda.
