Este martes 29 de abril se tiene previsto celebrar una Sala Plena de la Corte Constitucional en la que se discutirá el decreto por el cual se emitió el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo y en los municipios del área metropolitana de Cúcuta, además de Río de Oro y González del departamento del Cesar.
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La ponencia, que fue radicada por la vicepresidenta del alto tribunal, magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, pide declarar inconstitucional la medida argumentando que la crisis en la región se produjo por problemas que no justifican medidas excepcionales.
El debate se realizará una semana después de que el Gobierno Nacional decidiera no prorrogar la medida. El Gobierno decidió solo mantener vigentes por 90 días de 11 decretos legislativos emitidos en el marco de la conmoción, entre ellos la norma que creó el comandante único para el Catatumbo, el plan de sustitución para la zona de la conmoción, la prohibición al traspaso de tierras en la zona, entre otros.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que el Estado se mantendrá en la región, que desde enero ha dejado más de 64 mil desplazados, 12 mil confinados y 106 muertos, a pesar de no haber decreto de conmoción.
“El Ministerio de Defensa con sus militares y policías seguirá, inclusive, arriesgando la vida y sacrificando privilegios para que otros los disfruten”, dijo el ministro.
Las líneas estratégicas
Entre los principales ejes anunciados se encuentra el paso de un modelo de seguridad de emergencia a uno con garantías sostenidas, en el que las capacidades militares y policiales seguirán operando, pero con un enfoque de largo plazo en la estabilización territorial.
Además, se fortalecerá el despliegue de comandos unificados y de capacidades móviles que han sido utilizadas para contener corredores del narcotráfico y actividades de extracción minera ilegal.
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La estrategia contempla también la vigilancia activa sobre los logros sociales alcanzados durante el periodo de conmoción, con el fin de evitar que sean revertidos por actores armados ilegales o por dinámicas de violencia que persisten en la zona.
El Estado mantendrá, asimismo, dispositivos para asegurar que los desplazamientos de población y los procesos de retorno se realicen de manera voluntaria, segura y en condiciones de dignidad.
Otra línea prioritaria será la contención de las economías ilícitas, mediante acciones de inteligencia, controles logísticos y coordinación con otras entidades estatales, con el objetivo de desarticular los flujos financieros que sustentan a los grupos armados ilegales.
