Sigue la confusión sobre la posibilidad del uso del glifosato en el país para contrarrestar los cultivos ilícitos.
Esto luego de conocerse la licitación de la Policía que cierra este viernes y los cuatro contratos actuales por más de $7 mil millones para comprar 40 mil litros del herbicida para la aspersión terrestre en unas 20 mil hectáreas, reglamentada en el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre con Glifosato, Pecat, pero suspendida en los últimos dos años.
La suspensión obedecía a que la Casa de Nariño estaba trabajando únicamente la sustitución y erradicación voluntaria, pero esta pasó de 103.257 y 68.893 hectáreas de coca arrancadas en 2021 y 2022, respectivamente, a 20.323 y 9.404 en 2023 y 2024.
Por ello y frente al riesgo de una descertificación por parte de los Estados Unidos, se abrió la licitación.
Ante lo que el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, señaló el pasado miércoles: “El señor presidente de la República lo que menos quiere es el empleo del glifosato. Estamos avanzando más fuerte en la otra línea, que es la sustitución de cultivos ilícitos, pero por compromisos adquiridos vamos paralelamente avanzando en el proceso de contratación, esperamos que ojalá funcione bien la sustitución para que no sea necesario emplear este método”.
Pero el presidente Gustavo Petro indicó desde Tegucigalpa en sus redes sociales horas más tarde que “la política del Gobierno es el pago por erradicación voluntaria de cultivos de hoja y su sustitución por productos agroindustriales que generen prosperidad en las comunidades”.
Y este jueves el jefe de la cartera de seguridad matizó sus declaraciones: “El Gobierno Nacional le apuesta es a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Frente al uso de glifosato en fumigación terrestre, su aplicación dependerá de dos factores fundamentales: la decisión exclusiva de los campesinos y la eficacia del proceso que lo puede acelerar hasta siete veces. Hemos escuchado a las comunidades y nos han dicho que quieren que se sustituya más rápido. Ahí es donde el Gobierno les dice: aquí está esa opción”.
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Petro, entre tanto, también intentó este jueves en X aclarar la confusión: “No habrá aspersión aérea; el programa del Gobierno consiste en que los campesinos que quieran erradicar sus cultivos de hoja de coca, se les pague y se paga la sustitución por cultivos agroindustriales que generen prosperidad, además se titulará la tierra en manos del campesino. Si por el tamaño del cultivo ilícito se necesita más mano de obra, se les financiará. El programa consiste en ‘arrancar’ las matas, que es más definitivo y sano, que fumigar hojas y tallos. Este programa, por acuerdos con el campesinado y por acuerdos con grupos armados en desmovilización, ya alcanza más de 30.000 hectáreas este año, y sigue avanzando. De acuerdo a la sentencia de la Corte, solo después de cumplirle al campesinado de la región, se evaluará otro tipo de acción para cultivos industriales. El eje central de la lucha contra el narcotráfico consiste en la incautación de grandes cargamentos de cocaína en tierra o mar, la captura de grandes capos y la persecución mundial de sus fortunas”.
