Los cuestionamientos al proyecto de ley que busca reducir las tarifas de energía

El proyecto de ley 220 de 2024 de Senado, “por medio del cual se regulan las fórmulas tarifarias en energía”, que tiene como objetivo que se establezcan “directrices para la modificación en las fórmulas tarifarias, buscando un equilibrio entre la sostenibilidad económica de las empresas operadoras y los intereses de los usuarios del servicio de energía”, llegaría en las próximas semanas a su tercer debate, de cuatro requeridos para convertirse en ley de la República, en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.

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Esto luego de que, durante el año pasado, la iniciativa fuese aprobada en primera y segunda vuelta en la célula legislativa homónima del Senado de la República y en la plenaria de la misma corporación.

La iniciativa, que recoge algunas de las ideas que ha anunciado el presidente Gustavo Petro Urrego que presentaría en una reforma a la ley de servicios públicos, ha tenido –hasta ahora respaldo– en el Congreso pero, así mismo, ha despertado críticas entre algunos de los gremios del sector y expertos en temas energéticos.

Lo que ha dicho el presidente Petro en este sentido es que el alza de las tarifas de energía tiene tres componentes. En primer lugar se refirió a la fórmula que la Creg autorizó para la tarifa de generación eléctrica, que “no construye precios ligados a los costos, sino un precio ligado al más ineficiente en el mercado, en teoría económica se le llama renta diferencial, ese es el que se aplica en bolsa y es el principal disparador de la tarifa”.

En segundo renglón se refirió a la tarifa de distribución de la costa Caribe, “que permite pasar las pérdidas por falta de pago a los usuarios, contrario a leyes anteriores, y que se aprobó en la ley del plan de desarrollo de Duque, y quedó en las cláusulas de los contratos a A-ire y Afinia”.

Y en tercer lugar habló sobre la llamada ‘opción preferencial’ de Duque, “que volvió deuda de las comercializadoras el congelamiento de tarifas a los usuarios en época del covid”.

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Fuentes gremiales le dijeron a EL HERALDO que por ahora no se pronunciarán al respecto pero que preparan un comunicado conjunto para sentar su posición frente al mencionado proyecto de ley.

La mencionada norma, que tiene 13 páginas y 16 artículos, en el primer punto señala que “para el servicio público domiciliario de energía eléctrica, las fórmulas tarifarias podrán ser modificadas excepcionalmente antes del plazo de cinco años, cuando se evidencie un incumplimiento en el plan de inversiones por parte de la empresa prestadora del servicio”.

Agregando en este artículo la iniciativa que “las competencias establecidas en este artículo podrán ser asumidas por el presidente de la República”.

Se dispone así mismo que en un término de tres meses contados a partir de la entrada en vigencia de dicha eventual ley, la Creg deberá desarrollar una nueva fórmula tarifaria de acuerdo con lo invertido por la empresa operadora y el Gobierno nacional.

En dicha fórmula tarifaria, de acuerdo con lo planteado en el articulado, “se elimina el cobro al usuario final del componente de pérdidas no técnicas o ‘pérdidas reconocidas’ en relación con la prestación del servicio y se propenda por la disminución de las pérdidas técnicas y no técnicas. En todo caso, la ausencia de inversión por parte del operador y del Gobierno Nacional, no debe ser asumida por el usuario”.

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Frente a los cambios en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, se dispone que estará integrada por el ministro de Minas, por el ministro de Hacienda, por el director del Departamento Nacional de Planeación y por cinco expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva, nombrados por el presidente de la República para periodos de 4 años.

Cada uno de ellos deberá “ser colombiano y ciudadano en ejercicio; tener título universitario en ingeniería, economía, administración de empresas o similares, derecho y estudios de posgrado; y contar con una reconocida preparación y experiencia técnica, en el área energética por un periodo superior a tres años; o haberse desempeñado como consultor o asesor por un periodo igual o superior en el área energética”.

Advierte además este aparte que “los expertos no podrán ser elegidos en cargos directivos en entidades públicas o privadas del sector energético durante el año siguiente al ejercicio de su cargo”.

Y se indica que el representante de la Liga de Usuarios de Energía y Gas no podrá ser nombrado por la Creg, ni ser contratado ni devengar salarios por la entidad, pero sí se deberá garantizar su participación a las sesiones y cubrir los gastos necesarios para su asistencia por parte de la misma.

En otro punto dicta el articulado que “todas las empresas del sector energético tendrán un tope de ganancias establecido según el costo de su participación en el sector”, para lo que “tanto la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) con el Ministerio de Minas expedirán, mediante resolución, cada año los topes de ganancia para todas las empresas del sector y sus respectivos estudios actualizados, con planes específicos para las empresas de generación, distribución y comercialización de energía”.

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Y se especifica que “en los casos en los que se exceda el tope de ganancia, el excedente irá a una cuenta única dedicada a aliviar las tarifas de comunidades vulnerables”.

También se ordena que “cada una de las empresas de generación de energía deberá hacer público el costo de generación de un kilovatio hora, con sus distintos componentes, y toda empresa del sector que adquiera un kilovatio lo hará al precio ofertado”.

El senador Antonio Correa, de La U, le dijo a EL HERALDO que el proyecto de su autoría aliviaría el bolsillo de los habitantes más pobres del Caribe y del país.

Fue enfático al sostener que “estos puntos entrarían a aliviar el bolsillo de los colombianos más pobres y de los habitantes más pobres del Caribe que padecen con el servicio de energía, que muchas veces tienen o para comer o para pagar el servicio de luz”.

Agregó el parlamentario, cercano a Petro, alrededor del trámite de la iniciativa que “esperemos que prontamente se le dé tercer debate y pase al debate final en la plenaria, por supuesto va a haber muchos lobistas interesados en que no se afecten las grandes utilidades de las empresas que los contratan para frenar el proyecto, y ahí le pido a la sociedad civil, a los más afectados, a que estemos vigilantes de que no se dilate la discusión en la Cámara”.

Sobre algunos de los gremios del sector que se han manifestado con críticas, reiteró que “por supuesto va a haber muchos interesados en que no se les disminuyan sus grandes utilidades y es este sector empresarial que quiere seguir ganando grandes dividendos a costillas de los más pobres”.

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En relación con los respaldos con que cuenta el articulado en el Congreso, afirmó Correa que “existe un gran interés, existe la motivación de respaldar a las comunidades, y por supuesto de que no se sigan vulnerando los derechos”.

Sobre la Bancada Caribe, sostuvo el legislador que “esperemos que la votación sea positiva, fue así en la plenaria del Senado, cosa que les agradezco inmensamente, y esperemos que en Cámara se adueñen de un proyecto que no es de Antonio Correa, sino de todos los habitantes de la región Caribe y del país agobiados con las facturas de energía y de alumbrado público”.

Y al ser cuestionado sobre si el Gobierno apoya la norma, el autor comentó que “al menos no se ha atravesado y eso es muy importante. Este es un proyecto que recoge el sentir del presidente de la República y de la gran mayoría de ciudadanos, que requieren que se les mejoren las tarifas para poder comer”.

Por su parte, el ex ministro de Minas, Amylkar Acosta, le dijo a este medio que el proyecto “acabaría con toda la institucionalidad del sector”, la cual ha permitido que en Colombia no se hayan presentado racionamientos desde hace 30 años, distinto a lo que ha ocurrido en la región.

“Este proyecto es una mala copia, en el sentido que lo empeora, del anunciado y nunca radicado proyecto por parte del Gobierno Nacional de reforma de la ley de servicios públicos”, advirtió el experto.

Criticó en este sentido que “a través de esta propuesta se le da a la Presidencia de la República poderes omnímodos para que maneje el sector”.

Esto porque, anotó el ex jefe de la cartera de energía, “en mi concepto, este proyecto es regresivo y nos devolvería al intervencionismo de Estado, que fue el que nos condujo al racionamiento durante los años 1992-1993. Una de las enseñanzas que nos dejó el apagón es que la energía más costosa es aquella de la que no se dispone justo en el momento que se requiere y a ello nos conduciría este proyecto”.

Por ahora, la iniciativa espera el agendamiento para su tercer debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.