El naufragio de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado de la República, un escenario hostil para las iniciativas oficialistas, fue la gota que rebosó el vaso para el gobierno de Gustavo Petro, que, en medio de la falta de resultados y la sombra de corrupción, necesitaba –urgente– un caballito de batalla para agitar sus bases de cara a las elecciones de 2026.
La campaña, a juzgar por las voces del mismo oficialismo, empezó de lleno. El hundimiento de la iniciativa oficialista fue la “papayita” que, según el ministro Armando Benedetti, le dio la oposición a Petro. El jefe de Estado, astuto y deseoso de volver a las calles, el campo donde se siente más a gusto, decidió –de manera sorpresiva– convocar una consulta popular para definir el futuro de las reformas en medio del supuesto bloqueo legislativo que ha denunciado en las últimas semanas.
Petro, que ha escupido fuego contra los ocho senadores de la Comisión Séptima que archivaron el proyecto de ley, también ha enfilado su artillería contra el senador conservador Efraín Cepeda, presidente del Congreso, a quien ha acusado de ser el líder de la banda de antioficialismo, agudizando mucho más la crisis de los poderes del país.
“Cuando la tiranía contra el pueblo se impone el pueblo debe rebelarse con la mayor fuerza posible”, dijo Petro, quien en una manifestación del pasado martes, donde llevaba un bastón de la Guardia Indígena, en un encendido discurso ante miles de personas que se congregaron en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, en apoyo a sus reformas.
Según el presidente, el Senado de la República debe votar a favor de las reformas “para permitir que el pueblo hable” porque en Colombia “se acabaron los corruptos en el Congreso” y advirtió: “Si no aceptan la consulta el pueblo los sacará del Congreso”.
“Este Congreso tendrá que demostrar si obedece al pueblo como en una democracia, si no le da pena obedecer como servidores públicos y considera a su pueblo el verdadero comandante que da las órdenes o lo traiciona”, agregó.
Estrategia de vieja data
La convocatoria de consulta popular, un mecanismo de participación constitucional que se usó por última vez en 2018 (anticorrupción), ha sido visto por líderes políticos y analistas como una estrategia del Gobierno nacional para azuzar, como siempre, a sus bases, compuestas en su mayoría por centrales obreras, sindicatos y educadores, a volcarse a las calles y enrarecer mucho más el de por sí agitado ambiente legislativo del país.
Sin embargo, algunos expertos consideran que la propuesta del Gobierno, que costaría alrededor de $500 mil millones, una cifra alta en medio de la conocida estrechez fiscal, podría quedar solo en palabras retadoras por parte del oficialismo ante una nueva derrota.
“Lo de la consulta popular es una estrategia que ha usado el Gobierno desde el principio y es emplear la idea del pueblo como una amenaza a los poderes instituidos. Ya lo hizo con lo de la asamblea constituyente, lo de los consejos populares y ahora con lo de la consulta popular. Es una forma de amenazar a las instituciones representativas, eso es básicamente lo que él busca. incluso no le interesa si es constitucional o inconstitucional, lo que le interesa es generar la conflictividad que es su escenario ideal. Yo creo que desde hace un tiempito ya está en campaña, están pensando más bien cómo enfocar la fuerza política para el próximo gobierno, es decir, para las próximas elecciones. Eso también se ve por el cambio del ministro de Hacienda. Claramente lo que van a hacer con el cambio de Ministerio de Hacienda es romper con la regla fiscal y romper con la regla fiscal para buscar recursos para la campaña”, explicó Fabio Pulido, jefe del departamento de teoría jurídica y de la constitución, y director del Doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana.
De acuerdo con el experto, de aquí hasta mediados de 2026, “la tercera, la recta final del Gobierno, va a ser conflictiva. Ya sabe que su gobierno y sus ideas fracasaron”.
“No tiene el tiempo suficiente para lograr lo que prometieron. Y entonces va a ser un ambiente de conflictividad, va a buscar alguna causa que divida aún más a la sociedad y que él intente capturar a uno de los dos mandos de esa división. Yo creo que es también diciente este punto que la política de las últimas semanas se ha enfocado más en todos estos temas y pareciera que lo del Catatumbo hubiera pasado a segunda mano, cuando hay que tener en cuenta que estamos en un estado de excepción y que este es de los pocos gobiernos en los últimos 20 años que en menos de tres años declaró dos estados de excepción, uno por emergencia social económica y otro por conmoción interior”, señaló.
En este sentido, el investigador Luis Fernando Trejos, de la Universidad del Norte, consideró que la postura radical de algunos congresistas de la oposición “le ha brindado un segundo aire al Gobierno”.
“Es importante destacar que las diferencias entre el Gobierno y la oposición se están dando en democracia y por medio de los canales institucionales. Sin lugar a dudas, la postura radical de algunos congresistas de la oposición le ha brindado un segundo aire al Gobierno que ha reforzado su narrativa de ser víctima de un bloqueo legislativo, lo que facilita su convocatoria a las calles y a una consulta que en la práctica se convierte en la cuota inicial de las elecciones de 2026″, señaló el docente.
Sin embargo, Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, advirtió que dado el déficit fiscal que tiene el país, el manejo pendiente que se tiene de las finanzas públicas y el cambio de ministro de Hacienda, “el Gobierno debería estar mucho más enfocado en buscar fuentes de recaudo, tener una muy buena ejecución del gasto, tener eficiencia en el gasto público, en lugar de hacer una consulta popular, que las estimaciones muestran que se va medio billón de pesos”.
“Pues en este momento, en el cual el año pasado tuvimos $28 billones de recorte, gastar tanto dinero en una consulta popular que tampoco es vinculante estrictamente hablando, porque las preguntas no son aprobar artículos, sino unas directrices normativas que tienen que ir al Congreso, suena más un ejercicio de vanidad política que realmente de viabilidad de país y de hacer las cosas necesarias. Todo gobierno debe servir, y está conformado por servidores públicos, como su nombre lo dice tienen que servirle al país y ojalá lo que queda de gobierno por el bien de todos los colombianos y colombianas se dediquen a nuevamente ejecutar bien, a cerrar las brechas fiscales, a sincerar las cuentas que con eso ganamos todos como país”, señaló.
Reparos del oficialismo
La senadora María José Pizarro, del oficialista Pacto Histórico, criticó a los partidos que han manifestado que pretenden hundir la consulta popular, pues considera que el Congreso no está escuchando “a la sociedad colombiana” que se manifestó en las calles el martes.
“Acaban de decir varias bancadas que la van a hundir (la consulta popular) y ni siquiera conocen el contenido y las preguntas que van a presentar el presidente de la república y los ministros”, expresó Pizarro a periodistas.
La senadora agregó:”Aunque ellos buscan con sus constancias notificar al Gobierno nacional de que aquí no se le dará trámite a la consulta popular, lo cierto es que queda notificada la sociedad colombiana de que los congresistas no los escuchan, no los representan en su anhelo de alcanzar mejores derechos y garantías laborales”.
