Sigue el inconformismo por la convocatoria del Ministerio de Salud a las mesas técnicas para definir el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el pago que el Gobierno otorga a las EPS por cada paciente; ahora 19 exministros y exviceministros de salud advierten que la convocatoria a participar en el diálogo, no cumple con la orden de la Corte Constitucional.
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Los exfuncionarios alegan que existe una falta de rigor técnico en la definición de la UPC 2025, pues consideran que la resolución 2717 de 2024 se adoptó sin los estudios actuariales y financieros exigidos, comprometiendo la suficiencia del financiamiento del sistema de salud y la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud de los colombianos.
A través de un comunicado, expresaron su preocupación por el proceso y explicaron que “la resolución 2717 de 2024 comprometió principios de legalidad, seguridad jurídica, transparencia, participación democrática, deliberación pública, eficiencia en el gasto público, y además incurrió en falsa motivación”.
“La ley y la Constitución establecen de manera clara la obligación que tiene el Estado de financiar con suficiencia la atención en salud, lo que implica que las decisiones relacionadas con la UPC deben estar respaldadas por estudios rigurosos, actuariales y financieros. Con estos estudios, la determinación de la UPC debe reflejar de manera precisa las necesidades de la población y los costos reales de la atención en salud”, argumentan en el comunicado.
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De acuerdo con los exministros advirtieron que se está poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema, el acceso oportuno a los servicios de salud y la calidad de la atención si no se consiguen los recursos necesarios.
“La insuficiencia de recursos afecta la capacidad del sistema para atender a los pacientes de manera oportuna, deteriora la calidad de los servicios, general barreras de acceso y pone en riesgo la vida de quienes dependen del sistema de salud para tratar sus enfermedades. Retrasos en la atención, desabastecimiento de medicamentos, cierre de servicios y falta de atención especializada son solo algunas de las consecuencias de negar los recursos necesarios para la salud de la población”, exponen.
“No es con informes sesgados y sin sustento ni metodología técnica, que demuestran el desconocimiento de las funciones, responsabilidades, competencias y capacidades del ministerio de Salud o de la ADRES, como se pueden tomar decisiones tan complejas y con tanto impacto para la ciudadanía”, agrega el documento.
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Asimismo, los exministros de salud cuestionan las decisiones adoptadas en la UPC en el último año.
“El debilitamiento de la estructura técnica del Ministerio plantea interrogantes críticos sobre la idoneidad de las decisiones que se han adoptado respecto a la suficiencia de la UPC en el último tiempo y, en consecuencia, sobre la sostenibilidad financiera del sistema”, indican.
Asimismo, recalcan que la convocatoria la mesa técnica ordenada por la Corte Constitucional para evaluar la suficiencia de la UPC, que aún no inicia su trabajo, no respondería a la representatividad indicada en el Auto 007 de 2025.
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“Si no hay una verdadera voluntad por realizar un análisis técnico riguroso y transparente, es incierto cómo se podrá garantizar que los recursos sean adecuados para atender las necesidades de la población y cumplir con los mandatos constitucionales”, señalan.
Los exministros rechazaron las declaraciones del presidente Gustavo Petro hacia senadores, pacientes, profesionales de la medicina, exfuncionarios del Ministerio de Salud.
“Evidencian la insuficiencia de sus argumentos técnicos y democráticos, y alejan la discusión de la rigurosidad que debe tener la materialización de los principios constitucionales del derecho a la salud”.
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Finalmente, hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que cumpla con la ley y los Autos proferidos por la Corte Constitucional.
