La canciller Laura Sarabia visitará Lima el próximo viernes con la intención de normalizar las relaciones diplomáticas con Perú, interrumpidas con el retiro de embajadores en 2023 en pleno choque dialéctico entre los mandatarios de los dos países tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, anunciaron este miércoles fuentes oficiales peruanas.
El ministro peruano de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, dijo en una entrevista con la emisora RPP que el viernes tendrá “el gusto de recibir en el Perú a la nueva canciller de Colombia”, Laura Sarabia.
“La vamos a recibir con los brazos abiertos (porque) estamos a punto de normalizar, al más alto nivel, nuestras relaciones, enviándonos embajadores”, señaló.
La relación diplomática había quedado reducida a nivel de encargados de negocios, desde marzo de 2023, debido a la protesta de Perú contra las opiniones “injerencistas y ofensivas” del presidente Gustavo Petro por aparentemente desconocer que el exmandatario Pedro Castillo (2021-2022) dio un fallido golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022.
No obstante, en febrero pasado, ambos Gobiernos acordaron volver a nombrar embajadores y aprobaron una hoja de ruta para retomar sus mecanismos bilaterales.
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Recientemente, con el inicio del juicio a Castillo, a quien la Fiscalía acusa de rebelión en el fallido golpe de Estado de 2022, Petro volvió a publicar en la red social X su rechazo al proceso judicial contra el exmandatario, pero el canciller peruano declaró que ese mensaje “no lesiona ni menciona al Gobierno de Perú”, ni a la presidenta Dina Boluarte.
“Podría ser una implicancia, pero en diplomacia, como en derecho, el que calla simplemente no dice nada. No es que otorga o implica cosas. Y así lo hemos querido tomar, tanto peruanos como los colombianos”, afirmó el ministro de Exteriores.
En su mensaje compartido en X, el mandatario colombiano asegura que el juicio contra Castillo es un “insulto” a la democracia y que responde a que el expresidente peruano es “pobre” y de “izquierda”.
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El mismo Castillo rechaza el juicio abierto en su contra al asegurar que no ha cometido delito alguno, pues el golpe de Estado no se llegó a concretar por falta de apoyo, y ha declarado estar en huelga de hambre hasta que sea excarcelado.
Castillo afronta una petición fiscal de 34 años de prisión por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación contra la tranquilidad pública, junto a otros tres exintegrantes de su gabinete y tres exjefes policiales.
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