La Defensoría del Pueblo amparó ante la Corte Constitucional el decreto de conmoción interior en el Catatumbo; sin embargo, pidió una revisión rigurosa a la necesidad de las medidas adoptadas en los decretos de desarrollo y una audiencia pública en el territorio para escuchar a las comunidades afectadas.
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De acuerdo con la entidad, es necesario que sean analizadas la necesidad y proporcionalidad de esta declaratoria, “ya que la conmoción interior es una medida excepcional que solo debe utilizarse cuando las herramientas ordinarias del Estado han sido insuficientes para contener una crisis de orden público”.
Además, la Defensoría reconoció la gravedad de la situación en el Catatumbo y los municipios afectados, pero considera que el Gobierno “debe demostrar que las herramientas constitucionales y legales ordinarias resultaban insuficientes antes de recurrir a una medida extraordinaria como la conmoción interior”.
“La entidad insta a la Corte Constitucional a hacer un control estricto sobre la necesidad de la medida, evaluando si el Estado agotó todas las medidas disponibles dentro del marco normativo ordinario y si la conmoción interior es efectivamente el único camino viable para enfrentar la crisis en la región”, se lee en el comunicado.
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Renglón seguido, la Defensoría defendió a las organizaciones campesinas del Catatumbo de las declaraciones estigmatizantes del presidente Gustavo Petro durante el pasado consejo de ministros.
“No debe ser el Gobierno quien profundice esta estigmatización y riesgo. Los señalamientos agravan la situación en la que perviven las organizaciones sociales, sus líderes y lideresas, y han servido, tanto recientemente en el Catatumbo como históricamente en Colombia, para justificar crímenes injustificables contra la población civil”, señaló la entidad.
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