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La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, le pidió a la Corte Constitucional que declare inexequible el decreto que declara el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo ante la crisis humanitaria y de violencia que padece la región desde mediados de enero pasado.

El gremio advierte que en la normativa gubernamental no se expuso un debido juicio de necesidad sobre por qué se requería acudir a tales medidas extraordinarias ni se justificó por qué eran insuficientes las medidas ordinarias.

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“Aunque es extensa la parte motiva del Decreto 0062 de 2025, en lo que respecta con la insuficiencia de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía para conjurar la grave perturbación del orden público, lo que contiene son afirmaciones, cuando no contradictorias, sin el fundamento propio de un decreto por medio del cual se declara un estado de conmoción interior”, se lee.

Agrega el documento en cuanto al tema de seguridad: “Es más, en las medidas que anuncia el Decreto 0062 de 2025, no aparece una que tenga relación directa e inmediata con ese fortalecimiento del control del espacio aéreo, de las capacidades de los servicios de inteligencia y policía judicial de la fuerza pública, y del funcionamiento de la rama judicial” se lee en el documento.

Y concluye la ANDI que “lo que hay es otra afirmación general sobre la insuficiencia de los medios económicos disponibles para la inversión adicional requerida para hacer frente al estado de conmoción interior. No hay un estimativo, así sea somero, de los recursos adicionales requeridos”.

En respuesta, el presidente Gustavo Petro escribió en sus redes sociales: “Ya la ANDI no quiere que se lleven recursos extraordinarios al Catatumbo a través de la conmoción interior. ¿Qué le dirá a las miles de familias desplazadas y a los familiares de los asesinados? ¿Qué le dirá a Colombia al debilitar a su Ejército en las fronteras? Bruce Mac Master (presidente de la ANDI) debería decir de frente si por salvarle los impuestos transitorios a los juegos de suerte y azar quiere hacerle perder las fronteras a los Colombianos”.

El pasado lunes el ministro de Hacienda, Diego Guevara, anunció en el polémico segundo consejo de ministros televisado cómo será la adición presupuestal de $2,76 billones “para impulsar la paz y el desarrollo” en el Catatumbo.

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Esta, advirtió, será financiada a través de tres nuevos impuestos “con el objetivo de fortalecer la seguridad, la infraestructura y los programas sociales” en la región.

El primero es un IVA del 19% para juegos de suerte y azar en línea, en el que se elimina la exención tributaria vigente desde 2016, “equiparando estos juegos con los tradicionales’. Se espera aquí recaudar $1 billón en 10 meses, afirmó el funcionario.

El segundo es un impuesto a la primera venta o extracción de petróleo y carbón, es decir un tributo directo sobre los recursos naturales, sugerido por el mandatario.

Y el tercero un impuesto de timbre a transacciones superiores a 20 mil pesos, “que contribuirá al recaudo necesario para completar la adición presupuestal”.