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El pasado 2 de febrero, el ministro de Salud Guillermo Jaramillo presentó una segunda solicitud de aclaración ante la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008, esta vez relacionada con el Auto 007 de 2025, que aborda el tema de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

En su petición, la cartera ministerial planteó diversas inquietudes sobre la decisión de la Corte de declarar insuficiente la UPC del año 2024, sin embargo este jueves se dio a conocer que la Sala Especial de Seguimiento evaluó la solicitud de aclaración presentada por el Ministerio de Salud y Protección Social en la que formuló 50 interrogantes y 14 motivos de duda, y la declaró improcedente.

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“Si bien la Sala encontró superados los requisitos de legitimación en la causa y oportunidad, no se cumplió con la carga argumentativa. Lo anterior, toda vez que la solicitud del Ministerio no reflejaba dudas en relación con la redacción de la orden, una palabra o frase concreta contenida en ella, sino que, por el contrario, su intención fue i) emitir juicios de valor sobre el contenido de la providencia, ii) solicitar lineamientos sobre la manera en la que debía ejecutar los mandatos y iii) cuestionar las competencias de la Corte. Argumentos que buscaban discutir el fondo del asunto, lo cual no está permitido para las solicitudes de aclaración de providencias judiciales conforme a lo establecido en la jurisprudencia constitucional y el artículo 285 del Código General del Proceso”, se lee en el comunicado.

Además, la Sala puntualizó que los fundamentos en los cuales se basó para dictar las órdenes no carecen de sustento y que los datos empleados provienen, en gran parte, de la información aportada por el Ministerio, la cual, como le ha sido señalado en múltiples ocasiones, no resulta suficiente ni completa, a pesar de los requerimientos efectuados y oportunidades otorgadas por la Sala de Seguimiento.

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Así las cosas, la Corte le reitero los plazos que tiene el gobierno para cumplir con sus obligaciones. Los tiempos empiezan a correr a partir del 17 de febrero de 2025, reiterando al Ministerio de la Salud que “por última vez”, tiene 48 horas para que pague el valor correspondiente al ajuste de los presupuestos máximos por 819 mil millones de pesos de la vigencia 2022 y cree una metodología unificada de definición y reajuste que observe los parámetros señalados en el Auto 2881 de 2023.

Finalmente, la Corte informó al peticionario que contra esta providencia no procede ningún recurso.