El Ministerio de Salud afirmó en un comunicado este jueves que no se encuentra en situación de desacato ni de incumplimiento respecto de los autos 2049 de 2024, sobre presupuestos máximos, y 007 de 2025, sobre la UPC.
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Esto porque “los mismos no están en firme”.
Agrega que la cartera radicó ante la Corte Constitucional sendas solicitudes de aclaración de los autos 2049 de 2024 y 007 de 2025, “en virtud de lo cual las citadas providencias solo quedarán ejecutoriadas y en firme una vez se resuelvan las solicitudes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 302 del Código General del Proceso”.
Por ello, asevera la entidad gubernamental, que no ha incumplido orden alguna del alto tribunal guardián de la Carta Política.
Recordó que el pasado 23 de enero, esta cartera solicitó una aclaración sobre el Auto 2049 de 2024, relacionado con los presupuestos máximos: “La petición se fundamentó en inconsistencias detectadas en el documento, que generan incertidumbre sobre la naturaleza del auto, los plazos establecidos y la coherencia de las órdenes impartidas”.
Aseguró en este sentido que no está claro si el auto se limita a abrir un incidente de desacato contra el ministro de Salud y Protección Social o si también introduce nuevas órdenes dentro del seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, lo que genera incertidumbre sobre su alcance y finalidad.
Y señala que además “se referencia un considerando inexistente”, hay “plazos vencidos para el pago de presupuestos máximos”, “incompatibilidad con la normativa vigente” y “referencia a literales inexistentes”.
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Finalmente, sobre la solicitud de aclaración realizada respecto del Auto 007 de 2025, “esta cartera también solicitó una aclaración a la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008 respecto al Auto 007 de 2025 relacionado con la Unidad de Pago por Capitación (UPC)”.
Sostiene que se detectan contradicciones e incongruencias en la decisión de declarar insuficiente la UPC de 2024, dado que la mayoría de la Sala no aportó el estudio técnico que demostrara la presunta insuficiencia y dejó de valorar el estudio técnico; tampoco se aportaron, por parte de la mayoría de la Sala, los estudios técnicos que sustenten la existencia de un supuesto rezago en las vigencias 2021-2023.
“Se tienen serias dudas sobre la competencia de la Sala Especial de Seguimiento para modificar la metodología de cálculo de la UPC, lo que podría entrar en conflicto con normativas vigentes y competencias exclusivas del Ministerio de Salud”, afirma el Gobierno, añadiendo que “existen ambigüedades sobre la estructura y funcionamiento de la mesa técnica de seguimiento, en especial sobre quién la presidirá, cómo se regulará su operatividad y si se requiere socialización previa de su reglamento”.
